Mientras uno de los militares rebeldes rechazó el tribunal que lo investiga, partidarios y adversarios de Hugo Chávez preparan los actos por el Caracazo con los que medirán sus fuerzas.

Mañana, chavistas y antichavistas teatralizarán en Caracas, en manifestaciones antagónicas, la polarización política que atraviesa a Venezuela. El motivo: la conmemoración del 13 aniversario del Caracazo, fecha en que la oposición planea iniciar un "período de precalentamiento" para la ofensiva final: una huelga general por tiempo indeterminado. Entretanto, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, que hace una semana se plegó al grupo de los uniformados rebeldes y pidió la renuncia de Hugo Chávez, impugnó ayer al consejo de investigación al que debe ser sometido para que determine su futuro en las fuerzas armadas. Otro frente de tormenta para Chávez es el desatado en la estratégica empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyos cuadros principales de gerencia acusaron al gobierno de "politizar" la compañía al nombrar como presidente al economista Gastón Parra en lugar del general Guaicaipuro Lameda. Chávez recibió ayer el apoyo de un minúsculo grupo armado denominado "Los Tupamaros".
El 27 de febrero de 1989 estalló el Caracazo: tres días continuos de motines populares y saqueos tras la suba de tarifas del transporte público. Doce días antes, el entonces presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez había anunciado un drástico programa de ajuste acordado con el FMI. La represión estatal dejó un saldo de 276 muertos y más de mil heridos. Para Hugo Chávez, esa masiva movilización marca el origen de la revolución bolivariana, y está decidido a celebrarla. La marcha partirá de Parque del Este, pasará por la Plaza Altamira –una zona emblemática de la oposición y donde el coronel Soto concentró sus seguidores antichavistas el 7 de febrero– y seguirá hacia el palacio presidencial. "Va a ser una gran marcha hasta el palacio de Miraflores donde haremos un gran acto por la vida", dijo Chávez en su programa radial "Aló Presidente". Por otro lado, la oposición planea dos actividades: una marcha organizada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en una calle céntrica, y otra en la Plaza Altamira. La CTV, liderada por el socialdemócrata Carlos Ortega, repudiará la ley del Estatuto del Funcionario Público, uno de los 49 dispositivos decretados por Chávez en noviembre de 2001. Se sumarán los partidos opositores socialdemócratas y democristianos. El alcalde de Caracas, el oficialista Freddy Bernal, aseguró que el gobierno tomó las previsiones para que las marchas no se encuentren.
El rebelde Molina Tamayo entregó a la comandancia de la marina sus argumentos legales para que el consejo de investigación en su contra sea declarado nulo, alegando que no ha cometido ningún delito. Dijo que se pronunció haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión como un "ciudadano uniformado". Para sumar conflictos a la complicada coyuntura venezolana, ayer treinta y cuatro altos ejecutivos de la estatal petrolera (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA) publicaron una solicitada titulada "¡Salvaguardemos PDVSA!", en la que acusan al gobierno de privilegiar las motivaciones políticas sobre los intereses comerciales de la empresa en el nombramiento de cargos. El general Lameda habría sido reemplazado por sus diferencias con el gobierno.
Sin embargo, Chávez recibió ayer un extraño apoyo. El minúsculo grupo "Los Tupamaros" –conocido por algunas acciones armadas en la ciudadela del 23 de Enero, en el populoso oeste caraqueño, durante finales del segundo mandato de Rafael Caldera– anunció que deja las armas para apoyar al gobierno: "Nuestro cambio táctico obedece a la profundización de la lucha comunitaria al lado de los explotados, descamisados y desposeídos", dijo su líder, José Tomás Pinto. Además, el grupo negó estar involucrado con los diversos explosivos de baja intensidad que estallaron durante los últimos días en Caracas y con las agresiones a periodistas.