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Latinoamérica

Ajuste fiscal, ajuste de cuentas
Fiscalazo, pero con orden


Nelson Cesin

El trance es sumamente amargo y sus efectos se habrán de medir en términos de "costos políticos" para los socios de gobierno y de mayores penurias para el grueso de la población. Pero todo indica que el costado más antipopular del ajuste fiscal, ése que alude a la creación y aumento de impuestos, será sancionado la semana próxima en los montos y la orientación que pretendía el equipo económico del gobierno, muy a pesar del prolongado suspenso que introdujo a la negociación el intento de rebelión del Partido Nacional. El contenido del paquete fiscal es en sí mismo revelador de las prioridades y objetivos del gobierno, pues está destinado a evitar que el pozo de la crisis se profundice ("debemos sacrificarnos un poco más para no caer en las calamidades de nuestro vecino", justifican los voceros del gobierno), pero no contempla ninguna medida que contribuya a salir del pozo. Esta evidencia, denunciada con insistencia por la oposición, también es advertida por los socios blancos de la coalición, y de allí su reclamo de que el ajuste esté acompañado de "señales" a favor de una reactivación productiva, especialmente para el sector exportador (aunque al hacer estas demandas incurran en la paradoja de plantear la adopción de un conjunto de medidas de corte netamente proteccionista).
HUMO ROSADO. El presidente Jorge Batlle pudo ufanarse durante sus primeros 21 meses de gestión de un "beneficio" que lo diferenciaba de sus antecesores Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle: no haber iniciado su mandato con la imposición de un ajuste fiscal. Luego, claro, sobrevino una serie de "garrones", sobre todo el argentino, que lo obligaron a renunciar a aquella distinción. Esto ocurrió el 24 de enero último, el mismo día y casi a la misma hora en que se registraba la mayor manifestación sindical en años contra su orientación económica, cuando su ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, anunciaba la implementación de un "plan de responsabilidad fiscal". El paquete consistía en una reducción de gastos del Estado, pero buena parte de su peso descansaba en el incremento de tarifas públicas, el aumento de algunos impuestos (como el del aporte salarial de los funcionarios públicos, y el de tarifas a las llamadas internacionales, interurbanas y celulares) y la creación de otros (como la aplicación de iva a frutas, verduras y productos lácteos). Las medidas apuntaban a reducir el déficit fiscal en unos 450 millones de dólares (o, en otras palabras, a bajar el déficit del 4,4 al 2,5 por ciento del pbi), en momentos en que una misión del Fondo Monetario Internacional (fmi) estaba llegando al país para negociar con el gobierno una nueva "carta de intención".
Los emisarios del fmi aterrizaban en un país con estabilidad política, pero no tenían por qué saber que el mandatario, en tren de aprobar el ajuste, tendría que lidiar con otros "garrones" domésticos, que lo obligarían a mantener en suspenso, a dos semanas de los anuncios, la parte sustancial del paquete de "responsabilidad fiscal", y a poner en entredicho la tan cotizada imagen de seriedad del gobierno. En efecto, los socios blancos del presidente manifestaban su descontento con las medidas, quizá no tanto por razones de contenido como de estrategia política, mientras sus correligionarios del Foro Batllista optaban por un silencio distante, muy parecido al "toda tuya, Jorge". Era imperioso destrabar el nudo por algún extremo, sobre todo emitir una señal de acuerdo de cara a los visitantes, y se lo empezó a desatar por el lado más redituable en materia de imagen, pero quizá más efímero en el plano de los resultados.
Así fue que, al cabo de algunas jornadas de sesudas negociaciones, operadores blancos y colorados llegaron a la conclusión de que casi 300 millones de dólares de los 450 millones a reducir era posible ahorrarlos mediante el recorte de gastos e inversiones del Estado.* El ahorro podría ser aun mayor de prosperar la iniciativa de algunos anónimos dirigentes blancos, que pretenden suprimir ministerios o bien fusionar reparticiones públicas. El riesgo a que se exponen estas medidas e iniciativas es evidente, pues más de un ciudadano desprevenido, e indignado, podría advertir: "recién ahora descubrieron que era posible ahorrar 300 millones en el presupuesto del Estado", o bien, "los blancos proponen suprimir ministerios cuando un año y pico atrás forzaron la creación del de Deporte y Juventud". Al margen de estas consideraciones obvias, quizá convenga recordar el carácter volátil de los ahorros anunciados, puesto que nadie desconoce que la burocracia estatal tiene un poder y una inercia propias capaces de sustituir por otras vías los ahorros que le impone su jerarquía política.
HUMO GRIS. Si la reducción en materia de funcionamiento del Estado demandaba esfuerzos aritméticos y de persuasión para convencer a algún que otro jerarca rebelde, la implementación del paquete impositivo requería un especial arrojo político, por varios motivos. El carácter eminentemente antipopular de las medidas (nadie desconocía que los rubros gravables habrían de afectar el consumo masivo, haciendo cada vez más prohibitiva la compra de productos básicos, precisamente los que consume Juan Pueblo) provocaba un fuerte escozor entre los liderados por Sanguinetti y Lacalle, pues ni uno ni otro se encuentran en la Estación Carnelli. Los blancos, además, no estaban dispuestos a cargar sobre sus espaldas el peso político de un ajuste cuyo "rendimiento" económico en el tiempo desconocían, y que estaba desprovisto de cualquier medida complementaria en el plano productivo y social.
En filas blancas, con todo, coexistieron respecto del tema al menos dos estrategias políticas antagónicas, que se expresaron en las negociaciones paralelas con el presidente Batlle. Por un lado, la de Lacalle y su esposa, la senadora Julia Pou, el senador Carlos Garat y el intendente Juan Chiruchi, entre otros dirigentes herreristas, quien se expresó en términos de "no negociamos con el gobierno ni queremos escuchar hablar de impuestos". Por otro, la de los senadores Jorge Larrañaga, Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber, dispuestos a "considerar" las necesidades impositivas del gobierno pero introduciendo algunas variantes en los tributos. Así, por ejemplo, plantearon la sustitución del iva al agua, las frutas y verduras por impuestos que graven la venta de automóviles usados y la tevé para abonados, y demandaron que el aumento del impuesto a los sueldos de funcionarios públicos se aplique a partir de un tope mayor al estipulado por el Ejecutivo. Las diferencias entre ambas posturas blancas estriba, a juicio del senador Gallinal, en la asunción de responsabilidades: "Hay un sector del Herrerismo que prefiere jugar a la oposición. En realidad se trata de un juego muy fácil, que consiste en poner el grito en el cielo y a la vez usufructuar cargos de gobierno. El otro sector del partido, en el que me incluyo, apuesta a la responsabilidad política, y por eso estamos negociando este paquete", indicó a BRECHA. Con todo, el senador Larrañaga mantiene un perfil propio, anunciando que no acompañará el gravamen a frutas, verduras y el agua, y reclamando que estos recursos se extraigan del "sistema bancario".
Ambas estrategias, sin embargo, confluyeron en un punto central: el reclamo de que "todo" el Partido Colorado asuma "su responsabilidad" por la aplicación del paquete impositivo. Así, pues, el debate de los últimos días entre los socios de gobierno trasladó su eje desde el ajuste fiscal hacia el ajuste de cuentas político. No había aún ni rastros del acuerdo, pero era necesario que alguien asumiera su costo político. El Directorio blanco, en su reunión del lunes 4, supeditó el análisis del paquete impositivo a un pronunciamiento público del presidente Batlle sobre la "gravedad de la situación económica que justifica las medidas", y al respaldo "explícito" del ajuste por parte de Sanguinetti. "El planteo sobre el Foro lo hizo Lacalle, pero en realidad a todos nos molesta la actitud de algunos de sus dirigentes, como el caso del ministro de Defensa, Luis Brezzo, quien protestó por los recortes que se planteaban en su ministerio. No puede ser que el Foro ni siquiera aporte una idea, y encima proteste", dijo Gallinal a BRECHA. A su turno, el diputado forista Washington Abdala acusó a los blancos de practicar una "marcación electoral", y sostuvo que Sanguinetti hablaba -y apoyaba las medidas- a través de sus voceros, aunque coincidió con los blancos en un aspecto nada casual: "Acierta el Partido Nacional en pedirle al presidente que, en una hora de emergencia nacional del dramatismo que se está viviendo, nos comunique el sendero en el que estamos", remató (El Espectador, martes 5).
Es posible que éstos y otros escollos (como el malestar de varios ministros por los recortes de gastos en sus carteras, o la resistencia de los intendentes blancos a que se posterguen las partidas destinadas a los municipios del Interior, que ascienden a los 12 millones de dólares) no impidan la aprobación del ajuste en la dirección que pretende el Ejecutivo. Habrá que ver, en cambio, si los efectos de este ajuste no plantean otros escollos mucho más profundos a nivel social, y en el sentido de los cambios que promueve la oposición de izquierda. n
* Tanto la cifra como el concepto de estos "ahorros" deben ser tomados con cuidado. En el primer caso, porque el monto varía según el socio de la coalición que saque los cálculos (los blancos anunciaron un "ahorro" mayor al estipulado por el Ejecutivo). Por el lado de los conceptos, el gobierno se refiere a los ahorros en términos de "abatimiento del gasto público". Pero los recortes no sólo alcanzan a los gastos de funcionamiento de organismos y reparticiones públicas; sobre todo afectan el rubro "inversiones" de otras tantas, incluyendo las de los ministerios encargados de problemáticas sociales urgentes (como el de Vivienda y Trabajo) o de contribuir al dinamismo en épocas de recesión (como el de Transporte). En el concepto de "rebaja del gasto", por lo demás, también se incluyeron las concesiones en el Aeropuerto de Carrasco y de las bandas de telefonía celular, lo cual reportaría unos 45 millones de dólares.


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