12 de febrero del 2002

El Consenso de Washington y el tobogán de Uruguay

Carlos Santiago

Las bases ideológicas del crack de la economía argentina y de la pendiente por la que está cayendo, aceleradamente Uruguay, se encuentran en las pautas establecidas por EEUU y los organismos internacionales cooptados por ese país en el Consenso de Washington reunido en 1989, donde se plantearon diez instrumentos de política para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad de mercado para operar, donde predominarían los más "aptos", en una especie de "darwinismo", donde la vida social se concibe gobernada por la leyes de la competencia y del conflicto, llevando a una selección natural de supervivencia del más "apto" y a la eliminación del más "débil". Una actualizada teoría de Malthus, que introdujo una nueva cultura, con elementos éticos y morales que cambiaron las relaciones entre los humanos y, por supuesto, los paradigmas en que reflejarse.
El denominado "consenso" en realidad, fue un documento adoptado a partir de una reunión realizada en Washington en 1989, entre académicos y economistas norteamericanos, funcionarios de gobierno de ese país y funcionarios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No fue un consenso de la "comunidad internacional" en un debate amplio sobre las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI.
Los diez puntos del Consenso son los siguientes: 1) establecer una disciplina fiscal; 2) priorizar el gasto público en educación y salud; 3) llevar a cabo una reforma tributaria; 4) establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado; 5) lograr tipos de cambio competitivos; 6) desarrollar políticas comerciales liberales; 7) una mayor apertura a la inversión extranjera; 8) privatizar las empresas públicas; 9) llevar a cabo una profunda desregulación y 10) garantizar la protección de la propiedad privada .

El camino al fracaso

Se confiaba que con el Consenso y como consecuencia de la globalización, iban a aumentar las tasas de crecimiento económico y que iba a disminuir significativamente la pobreza y la inseguridad. Que el flujo de capital y el crecimiento de las exportaciones promoverían el desarrollo de sectores con un uso intensivo de la mano de obra.
Eso no ocurrió. La disminución del índice de pobreza, en realidad fue reflejo de la disminución de la tasa de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no como consecuencia redistributiva de la riqueza financiera y comercial.
En muchos países aumentó el desempleo formal o el empleo informal, o ambos, como por ejemplo, en Argentina o en Nicaragua. El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada, creció.
La inseguridad económica para los pobres y la clase media, vinculada a la inseguridad laboral y a la volatilidad de los ingresos, tendió también a aumentar conjuntamente con el desarrollo de un proceso de marginación, comenzando a observarse síntomas de destructurización social.
En un documento titulado "La larga marcha" resultante de una reunión en Montevideo en 1997, sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe, se concluyó que era necesario emprender reformas adicionales. Invertir en recursos humanos, promover o crear mercados financieros eficientes y sólidos, mejorar el entorno legal y normativo (en especial del mercado laboral y mejoramiento de las regulaciones que afectan la inversión privada en infraestructura y servicios sociales), mejoramiento de la calidad del sector público (incluyendo el sector judicial) y consolidación de la estabilidad macroeconómica a través del fortalecimiento fiscal. Esto implicaría importantes reformas institucionales.
Se propuso impulsar el diálogo entre personas responsables de la formulación de políticas, la sociedad civil y la comunidad académica en América Latina y el Caribe, acerca de la mejor manera de diseñar y reformar las instituciones para satisfacer las nuevas demandas de la sociedad.
No obstante, esto no ha ocurrido. Y con el desplome argentino (nunca un país había ingresado en lo que se podría denominar una quiebra real), podríamos aventurar que se llegó al fin de un modelo que como característica esencial determinó la extensión de la pobreza a casi el 50 por ciento de la población argentina, siendo el motor de la marginación de enormes sectores de población.
De ello también resalta la soberbia interna y la sumisión externa con que los gobiernos manejaron el Estado, castigándolo con reformas que también lo empobrecieron (reforma de la seguridad social con la creación -en el caso de Uruguay- de las parasitarias Afaps o organismos similares en los distintos países, mecanismo que solo favoreció al sistema financiero), reducción de los salarios y las jubilaciones, privatizaciones de las empresas públicas, desregulaciones laborales, etc.
Tememos cansar al lector repitiendo que Argentina fue el país que mejor cumplió todas y cada una de las recomendaciones del Consenso recibidas a través de los organismos multilaterales de crédito, sufriendo con ello también un cambio de paradigmas, siendo históricamente ridiculizados en los hechos los gobernantes y funcionarios que optaron por una vida rodeada por una ostentosa riqueza. ¿La forma de vida de las clases dirigentes argentinas y, en alguna manera, también uruguayas, es una muestra de esa profunda modificación de los paradigmas? Obviamente uno de los métodos para llegar, a reflejarse en ese espejo, está en la competencia más atroz que, en todos los casos, entremezclada con la corrupción.
La que comenzó a vivir Argentina con el gobierno militar y que luego continuó, a todo nivel, en el marco de los gobiernos de Carlos Menem (responsables de las "reformas"), sin olvidar que a la salida de régimen de facto, la anodina y timorata gestión de Raúl Alfonsín, de poco sirvió.
Corrupción que tuvo un punto final de inflexión con las medidas de Domingo Cavallo, expropiando los ahorros de la clase media, con el solo fin de que no fueran perjudicadas las instituciones financieras intervinientes, cuando se estaba produciendo el default que llegó (cómo puede ocurrir también en Uruguay) en el marco de una crisis inédita.
Una medida brutal que hizo meditar hasta al FMI, que en primera instancia resolvió desentenderse de un país "insólito", pero borrándose que se trataba del alumno más aplicado, sin duda, de la experiencia económica más avanzada del modelo diseñado en el Consenso de Washington.

"Democracia" o "electoralismo"

Una clara demostración de la ruptura de los paradigmas que impulsó el modelo, fue la propia salida de las dictaduras militares. Muchos gobiernos "pactaron" con las fuerzas armadas, salidas de compromiso de no revisión de lo actuado ni juzgamiento de actos aberrantes de gobierno en aras de la "pacificación". Chile con Augusto Pinochet. Otros generaron mecanismos de "indulto" como Carlos Menem en Argentina y el perdón, absoluto y total, como Sanguinetti en Uruguay, proceso que contó una ratificación plebiscitaria.
Ni siquiera los elementos más "sagrados" establecidos en las constituciones, como la defensa de los derechos humanos, fue respetada. Las llamadas "democracias" muestran que la atención por los derechos humanos es aún conflictiva teniendo todavía fuerza en algunos países la dichosa "Doctrina de la Seguridad Nacional", engendro del Departamento de Estado métodos para la represión ideológica, que llevaron adelante los ejércitos "asociados" con el objetivo de cumplir con dos tareas:
la dilucidación a favor de los EEUU de la llamada "guerra fría" y, paralelamente, imponer un nuevo orden social que evitara estallidos ante la política de creciente exclusión social. ¿Cómo alguien pudo pensar que una política de estas características era verdaderamente conveniente para una democracia? ¿Es posible la democracia sin un sustento de justicia? Es válido, entonces, reflexionar si la reacción que la gente está teniendo contra los políticos y la política (lo vemos a diario en la Argentina), no ocurre en razón de que el sistema "electoralista" dista de establecer una real representación democrática. Aquí, obviamente, es donde los uruguayos debemos comenzar a buscar salidas de consolidación democrática, especialmente cuando estamos inmersos en una crisis que podría culminar en una debacle nacional.
Preguntarnos, por ejemplo: ¿Es posible que coaliciones de gobierno, armadas trabajosamente en base a la repartija de cargos, pueden tener el carácter de democráticas? ¿Realmente esas "mayorías" son representativas de "algo", cuando en todas las ocasiones votaron "regimentadas" a favor de la implementación del modelo que tiene como base las pautas establecidas en el Consenso de Washington? Son las mismas mayorías que en el marco de la crisis acompañan nuevas medidas recesivas que, pese a lo que digan, multiplicarán el déficit fiscal.

Podremos resolver los problemas

En este panorama nos debemos una reflexión profunda, ¿cómo encarar los problemas más acuciantes del país? Es bien claro que los dardos oficiales que se lanzan contra la organización del Estado tienen un objetivo nada justiciero. Recordemos que el primero de ellos fue sutilmente disparado por el presidente Jorge Batlle tratando de demostrar la evidente injusticia salarial en la función pública, con el objetivo (también demostrable) de sacrificar a nuevos sectores de trabajadores y jubilados, que se están convirtiendo, por la pérdida de riqueza, en un peso "insoportable" para el Estado.
Es contrapartida -algo que Batlle no dice- del "achicamiento" de la economía. El resultado de la política económica y de las leyes propiciadas por este gobierno, como la eliminación de los aportes al Banco de Previsión Social de vastos sectores empresariales.
El déficit fiscal en el último año fue de 800 millones de dólares y en el actual será seguramente mayor si prosperan las tozudas políticas recesivas que se quieren imponer, reduciendo en 460 millones de dólares el costo de la actividad del gobierno.
El objetivo del ministro de Economía es cortoplacista. Intenta seguir resistiendo el default, con ese corte en el Estado, en un país que sigue en crisis y en el que no se aplica ninguna política de reactivación económica.
Hace totalmente lo contrario a lo que aconseja la teoría económica que es, en momentos de recesión, tratar de acelerar la obra pública, los gastos del Estado, reduciendo además las tasas de interés y volcar dinero barato en los bolsillos de la gente -en eso Alan Grinspan podría decir muchas cosas- para estimular el consumo.
La crisis hace que todo el sistema esté a punto de colapsar pues en una economía en la cual se destruye riqueza, el peso del Estado aumenta. Obviamente, en el marco de la recesión, el resto de la población no tiene la capacidad para afrontar el costo de esta actividad estatal que es fruto (¿alguien se atreverá a negarlo?) de vicios políticos propios de nuestra estructura de partidos.
El "amiguismo", el "enganche electoral", el "sobredimensionamiento funcional" y además, como negarlo, los "grupos corporativos de presión".
Ello está ocurriendo desde hace decenios. Todos sabemos que el empleo público fue la panacea buscada por los ciudadanos para lograr un futuro tranquilo, trayecto de trabajo que culminaba en una jubilación, otrora decorosa, hoy, vía topes y recortes, fuera de los parámetros adecuados para una vida digna.
Repitamos: el sistema está a punto de colapsar y ¿qué hace el gobierno? Aplica impuestos y recortes, pensando igual a los que lograron el estallido de la Argentina, que se puede seguir con los ajustes recesivos en lugar de intentar -lo que es el camino que parece más adecuado- poner rumbo hacia el crecimiento y la reactivación económica.
El gobierno, con los ojos abiertos, encamina al país a un tobogán que lo precipitará a un colapso de impredecibles características. Todo parece congelado, y nadie dispuesto a ponerle el cascabel al gato.
Lo único nuevo fue la medida del Banco Central clausurando por 90 días una Safi, colateral para el trabajo off shore de un banco local, por hacer lo mismo que venía concretando desde hace años y que, por supuesto, hacen otras empresas financieras.
Recibir depósitos de argentinos y reenviarlos de inmediato al exterior. Un negocio que no le dejaba un solo dólar de ganancia a los uruguayos, pero que servía para alentar todo tipo de acciones corruptas. Parece que el gobierno recién se ha dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, y en esto abre los ojos cuando el descalabro argentino parece haber puesto un punto final a uno de los negocios más lucrativos del sistema financiero uruguayo.

(*) Periodista, secretario de redacción de Bitácora.