Latinoamérica

Eduardo Tamayo
Servicio Informativo "alai-amlatina"

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, considera que los casos de Colombia, Ecuador, Venezuela, Belarús y Zimbabwe son los más graves y urgentes en materia de violaciones a los principios de libertad sindical y derechos sindicales.
Del tercer informe anual de este Comité, presidido por el profesor Paul van der Heijden, que fue adoptado por el Consejo de Administración de la OIT en su 285ava reunión, se desprende que continúan los asesinatos, el encarcelamiento injustificado y la persecución de sindicalistas, los despidos masivos y la denegación del derecho de sindicalización, mientras muchos gobiernos se lavan las manos, se muestran indiferentes o hacen muy poco por cumplir con los convenios internacionales que han suscrito y se han comprometido a cumplir.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT recepta las querellas presentadas por las organizaciones sindicales y las envía a los gobiernos para que hagan observaciones.
Luego de analizar los casos, emite un informe que incluye conclusiones y recomendaciones en el marco del cumplimiento de los convenios sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización de 1948 y derecho a la sindicalización y negociación colectiva de 1949.
En el caso de Colombia, la situación de violencia sigue siendo extremadamente grave ya que hasta junio de 2002 se ha informado al Comité de 45 casos de homicidio de dirigentes y sindicalistas, 37 casos de secuestros y 9 casos de tentativas de homicidios. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que desde el 1 de enero hasta el 1 de noviembre de este año han sido asesinados 148 sindicalistas.
Un caso que ilustra violación de la libertad sindical por parte del Estado fue el presentado a la OIT por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL. El 16 de septiembre de 2002 las organizaciones campesinas del sur-occidente colombiano, haciendo uso de su derecho de manifestación pacífica consagrado en la Constitución, se movilizaron para reclamar sus reivindicaciones. El paro fue estigmatizado por miembros del gobierno presidido por Álvaro Uribe que prohibieron la marcha manifestando que hay sospechas de infiltraciones de la guerrilla. Estas declaraciones pusieron en peligro la vida de los dirigentes sindicales y sociales pues varios de ellos recibieron amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. El día de la marcha, la policía y el ejército nacional atacaron de manera violenta la marcha y arrestaron a numerosas personas. Entre el 12 y 20 de septiembre fueron detenidos 10 dirigentes sindicales y delegados internacionales de la ONG española Sodepaz Pachacuti.
La regla en la política no declarada de exterminio de los dirigentes sindicales a manos de grupos paramilitares de derecha es la impunidad. El gobierno reconoce este problema pero advierte que "la situación de violencia que acosa al país desde hace más cuarenta años no está dirigida contra el movimiento sindical sino que afecta a todos los sectores de la población y que el gobierno pone todos los medios a su alcance para investigar los hechos y sancionar a los responsables". El Comité de Libertad Sindical observa, sin embargo, que las medidas adoptadas por las autoridades son insuficientes y no llegan a poner fin o menguar la violencia desatada contra los dirigentes sindicales. El Comité además deplora profundamente que las investigaciones avancen escasamente y luego sean suspendidas por falta de pruebas, estimando que el retraso en la administración de justicia y la suspensión de los procesos son corolarios de una situación de profunda impunidad que no ayuda ni a la credibilidad del Gobierno ni al mejoramiento de la situación. Por último, insta al gobierno a poner término a la intolerable situación de impunidad y a sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia.
En el caso de Ecuador, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL, y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, UITA, presentaron al Comité de Libertad Sindical una queja por graves violaciones del derecho de huelga en la hacienda Los Alamos que produce banano para la Corporación Bananera Noboa. Esta última es de propiedad del ex candidato presidencial Álvaro Noboa que el pasado 24 de noviembre perdió las elecciones frente al coronel Lucio Gutiérrez.
Este caso se desarrolló de la siguiente manera: el 26 de abril de 2002 se otorgó reconocimiento legal a tres sindicatos de igual número de compañías que administran la hacienda Los Alamos. El 6 de mayo, 1200 trabajadores declararon la huelga buscando mejorar las condiciones laborales a través de un contrato colectivo. El 16 de mayo, centenares de hombres encapuchados armados atacaron a los trabajadores en huelga. Una docena de ellos fueron heridos, dos de gravedad: al trabajador Luis Vernaza se le amputó una pierna y a Bernabé Menéndez le provocaron heridas en el estómago y la cabeza. Entre 60 y 80 trabajadores fueron retenidos y maltratados. Los atacantes vejaron a las mujeres y saquearon las pertenencias de los trabajadores. Al finalizar este día, la policía capturó a 16 de los asaltantes y los llevó detenidos al cuartel de Policía de la ciudad de Milagro, sin embargo no permitió que los trabajadores regresaran a sus posiciones anteriores. Otros asaltantes fueron rescatados en helicópteros para evitar ser identificados.
Según la CEOSL, un vehículo de la Corporación Noboa acompañaba a los asaltantes y dos de ellos reconocieron ser guardaespaldas del multimillonario Alvaro Noboa. A fines de mayo, los trabajadores continuaban la huelga, pero la empresa infiltró rompehuelgas a la hacienda (en su mayoría menores de edad) apoyados por sicarios.
El Comité de la OIT consideró a este caso como grave y urgente y tomó nota del énfasis puesto por las organizaciones querellantes de que los empleadores son responsables de los actos señalados. Así mismo tiempo instó al Gobierno a que asegurara el inicio inmediato de una investigación y un proceso judicial para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades, sancionar a los culpables, otorgar indemnizaciones y evitar que estos casos se repitan.
El caso de Venezuela se refiere a los alegatos de despido injusto de 3.500 trabajadores en el gobierno de estado regional de Trujillo en el marco de una reorganización.
Si bien se dictaron órdenes para readmitir a sus puestos de trabajo a algunos de estos trabajadores, la entidad regional no las cumplió. Por ello, el Comité instó al Gobierno a que velara por el cumplimiento de estas órdenes y le pidió que llevará a cabo una investigación urgente acerca de las razones de este despido masivo.