Internacional

Un nuevo interrogante para Bush

Gustavo Espinoza M.
El Siglo

Diversas interrogantes debiera responder el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, cuando haga en Lima una escala de 30 horas, el próximo 23 de marzo, para tratar con el gobierno peruano y mandatarios de otros paises de la región temas vinculados a la política hemisférica.
No sólo asuntos que comprometan la soberanía de los Estados, como el Plan Colombia y la extensión de la guerra que se libra en ese país y otros limítrofes; o el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas en el marco de la globalización neoliberal, o las amenazas contra Cuba, sino también otros relacionados con la más reciente historia política de los peruanos -la década del fujimorato- en la que la conducta de Washington suscitó no sólo dudas sino también fundadas sospechas.
Bien podríamos los peruanos preguntarle al Jefe de la Casa Blanca, por ejemplo, por qué la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos mantuvo vínculos constantes y metódicos con Vladimiro Montesinos, apañó su accionar y brindó siempre las facilidades operativas que éste requería para asegurar la supervivencia de la dictadura; por qué el Departamento de Estado avaló el comportamiento del gobernante peruano ante la comunidad internacional y los organismos financieros a fin de que ellos se encargaran de sus proyectos económicos esquilmadores y antinacionales; por qué la Casa Blanca desplazó de sus funciones en Lima al embajador Denis Jett cuando éste resolvió tomar distancia de Fujimori y su pandilla y lo reemplazó por un nuevo diplomático, Mr. Hamilton, al que por su suavidad en el trato los periodistas llamaron "Hamilton Ligt", como los finos cigarillos del paquete azul..
Recientemente, sin embargo, han surgido nuevas preguntas. Ellas no han salido del fondo de un tintero, sino de los expedientes judiciales que se ventilan en los tribunales del país contra la mafia que usurpo el poder contra la voluntad de los peruanos. Ante el Quinto Juzgado Anticorrupción, el técnico de tercera Julio Chuqui Aguirre, convicto de participación en los Escuadrones de la Muerte implementados por el gobierno de entonces, interrogado para que diga si tiene conocimiento que además de las sumas de dinero que quedaban por las operaciones realizadas se recibía dinero de otra forma, respondió sin apremio alguno que "tenía conocimiento que el gobierno americano otorgaba dinero para el grupo Colina y que esto era canalizado por el Jefe de la División de Inteligencia del Ejercito, la DINTE", asegurando además que en torno al tema "quien sabe más de ello es el técnico Sosa Saavedra...".
El declarante no es precisamente un "pez chico" involucrado en el accionar de la mafia depuesta. Es nada menos que un operador activo de comandos clandestinos que cometieron numerosos crímenes. Describiendo uno de ellos -la Matanza de los Barrios Altos ocurrida en noviembre de 1991-, Chuqui Aguirre dijo: "participamos 15 personas distribuyéndonos en dos carros, uno era conducido por Pedro Supo Sánchez. Nos desplazamos hasta la Plaza Italia y luego de unos minutos Martín Rivas dio la orden de ingresar, hasta ese momento pensábamos que íbamos a detener gente... el personal que ingresó cogió su armamento y comencé a escuchar que le preguntaban a Pascual Douglas quien ya estaba dentro de la quinta, quiénes son los que intervendrían y éste respondió que todos. Luego Martín Rivas inició los disparos apuntando primero al segundo piso de donde cayó muerta una persona, y allí empezaron a matar a la gente...".
La titular del juzgado, la doctora Sara Maita, tomó también la declaración testimonial de Leonor La Rosa Bustamante, conocida ex agente del SIN que debió sufrir atroces crueldades en manos de sus "compañeros de armas" que la castigaron brutalmente por haber delatado sus acciones. La muchacha fue torturada de manera tan salvaje que quedó lisiada de por vida y hoy es un indefenso costal de piel que no puede mantenerse erguido porque los huesos no le funcionan. Ella fue reivindicada por el Estado peruano porque su palabra permitió precisamente descubrir la existencia de comandos clandestinos digitados por el gobierno y usados para castigar opositores e intimidar al pueblo.
Ni el Servicio de Inteligencia Nacional ni el Grupo Colina hubieran podido actuar, en efecto, sin los recursos materiales que le proporcionara la administración norteamericana. Y tales recursos no fueron solamente armas sofisticadas, sino también dinero a raudales, información privilegiada e impunidad que nadie que no estuviera investido de poder podía garantizarles.
Los peruanos, que esperan a George W. Bush con sentimientos encontrados y con desconfianza legítima, podrían aprovechar la ocasión para interrogarlo acerca de estos hechos. Una manera práctica de combatir el terrorismo es, sin duda, poner en evidencia el accionar asesino de los grupos terroristas y que sus integrantes, ya en el banquillo de los acusados, no resistan la carga de sus crímenes y terminen confesando todo.