30 de enero del 2002
EE.UU: 25 años de homicidio judicial

Amnistia Internacional València
COMUNICADO DE PRENSA

Amnistía Internacional ha afirmado, al presentar un nuevo informe con el que recuerda el vigésimo quinto aniversario de la reanudación de las ejecuciones en Estados Unidos, que «el cuarto de siglo de ejecuciones en Estados Unidos no ha ofrecido aportación constructiva alguna a los esfuerzos que el país realiza para combatir la delincuencia violenta y ha ocasionado, por el contrario, graves daños a su reputación internacional».
En el informe, titulado Arbitrary, discriminatory, and cruel: An aide-mémoire to 25 years of judicial killing («Arbitrario, discriminatorio y cruel: memoria de 25 años de homicidio judicial»), se recuerdan unos 200 casos ilustrativos de hombres y mujeres a los que se ha dado muerte desde que, en la mañana del 17 de enero de 1977, un pelotón de fusilamiento acabó con la vida de Gary Gilmore en Utah. Aquélla fue la primera ejecución que se llevaba a cabo tras dar por concluida el Tribunal Supremo estadounidense la suspensión que había impuesto sobre la pena capital en 1972.
Amnistía Internacional ha señalado: «A Estados Unidos le gusta considerarse el país campeón de los derechos humanos, pero la implacable insistencia en la aplicación de la pena de muerte en un mundo cada vez más apegado a las tesis abolicionistas niega con toda su crudeza esa presunción».
La organización añade: «A lo largo de todos estos años, tiempo en el que más de 60 países han promulgado leyes contra la pena capital, Estados Unidos ha matado a tiros, ha gaseado, electrocutado, ahorcado o envenenado a más de 750 presos, 600 de ellos desde 1990. Con todo, lo más grave es que con frecuencia, al llevar a los reos a la cámara de ejecución, al aplicar ese castigo, Estados Unidos ha violado salvaguardias internacionalmente acordadas».
Amnistía Internacional ha insistido: «Instamos a los políticos estadounidenses a que contesten con claridad una cuestión sencilla: ¿Cuáles han sido los beneficios mensurables que estos homicidios han aportado a la sociedad?». En el informe de la organización se describen casos que ejemplifican la crueldad, la inutilidad y el efecto embrutecedor del castigo máximo, así como la negación que esta pena supone a toda posibilidad de rehabilitación.
En el informe se incluyen también ejemplos sobre la arbitrariedad con que la pena de muerte se aplica en Estados Unidos, su carácter político y el hecho de que se trata de un castigo que desvía la atención de otras respuestas constructivas a la delincuencia violenta y de los recursos que podrían dedicarse a ellas.
En el informe se reseñan multitud de casos de personas a las que se ha quitado la vida desde 1977, entre ellas:
 
· 18 presos ejecutados, conculcando el derecho internacional, por delitos cometidos cuando eran menores de edad;
· decenas de individuos con retraso mental o todo un historial de enfermedad mental;
· decenas de personas de raza negra condenadas por jurados compuestos íntegramente por personas de raza blanca en procesos judiciales en los que, de forma reiterada, los fiscales han rechazado a posibles miembros negros para esos jurados durante los procedimientos de selección;
· más de 25 personas sobre cuya culpabilidad aún hay sombras de duda;
· numerosos acusados a los que se negó su derecho a una defensa adecuada, especialmente los que fueron condenados a la pena máxima por jurados a los que no se les presentaron para su consideración las pruebas atenuantes existentes, o no todas las que había;
· 17 ciudadanos extranjeros a los que se negó su derecho a asistencia consular tras la detención.
 
Amnistía Internacional ha afirmado: «Estados Unidos tiene que acabar de una vez por todas su relación con el ejecutor. Los últimos 25 años de homicidios judiciales han aportado pruebas más que suficientes de que por más que se trate de engrasar la maquinaria de la muerte este castigo cruel, embrutecedor e irrevocable jamás perderá su carácter de error capital».
La organización ha concluido: «Es hora ya de que Estados Unidos se una al mundo contemporáneo procediendo a abolir la pena capital».
Información de contexto
En 1972, el Tribunal Supremo de Estados Unidos abrogó la legislación que se aplicaba en el país en materia de pena capital debido al modo arbitrario en que se dictaban sentencias de muerte. Cuatro años después autorizó la reanudación de las ejecuciones al resolver que las nuevas leyes que se habían aprobado sobre la cuestión pondrían remedio a las caprichosas tendencias del sistema. Seis meses después de adoptarse esta decisión se consumó la ejecución de Gary Gilmore, quien se negó a aceptar los recursos que se le ofrecían para que ello no sucediera. Fue el primero de los más de 90 presos que han renunciado a su derecho de apelación y han «consentido» que su ejecución se llevara a cabo.
Los prejuicios raciales y geográficos siguen siendo generalizados. El 80 por ciento de los más de 750 presos ejecutados desde 1977 fueron condenados a la pena capital por la muerte de personas de raza blanca pese a que tanto blancos como negros son víctimas prácticamente en igual proporción del delito de asesinato. Al 80 por ciento los ejecutaron en los estados federados del sur, un tercio de ellos sólo en Texas, y a más de 60 los procesaron en una única jurisdicción tejana, el condado de Harris.
El sistema judicial estadounidense de aplicación de la pena de muerte es proclive a los errores. Desde el fusilamiento de Gary Gilmore, se ha tenido que sacar de los pabellones de la muerte a más de 90 presos al aparecer pruebas ulteriores sobre su inocencia. Muchos de ellos habían pasado ya años condenados a morir y algunos habían llegado casi a las puertas de la sala de ejecución. Entre los factores que contribuyen a que se dicten condenas erróneas de muerte figuran especialmente la inadecuada representación letrada de que los acusados disponen, las prácticas fiscales indebidas y los falsos testimonios que se aportan bajo coacción.