El País

El Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), dependiente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el Cuerpo, presentó ayer un informe en el que afirma que de los 161.000 delincuentes que operan en España, 36.000 (el 22%) son extranjeros. El estudio explica que de las 232.147 personas que fueron detenidas el año pasado, el 28,2% (65.382) era de otro país, una cifra muy alejada del porcentaje del 40% que ha facilitado el Gobierno en los debates parlamentarios. El IESP concluye que el Ejecutivo se desliza hacia 'la estigmatización' de la inmigración, 'hasta convertirla en cabeza de turco de otros fracasos'.
El estudio de este organismo -elaborado con cifras aportadas por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza- rebate los datos del Ministerio del Interior sobre la incidencia de la inmigración en el aumento de la delincuencia durante los últimos 17 meses.
'Frente a la afirmación del Gobierno de que durante 2001 el 40% de los detenidos por un delito o falta penal eran extranjeros, los datos oficiales demuestran que la cifra real fue de un 28,2% (65.382 detenciones practicadas) frente al 72,8% de españoles (166.765 detenciones)', dice el informe.
Con esa distribución, los españoles ganaron a los extranjeros en número y porcentaje de detenidos en todas las figuras delictivas estudiadas, de forma que el 73,4% de los arrestados eran de nacionalidad española (160.248 personas) y el 26,6% (58.190), de otro país. Sin embargo, los extranjeros superaron a los españoles en la comisión de faltas: de los 13.709 arrestados por algún delito menor durante 2001, un total de 7.192 (52,5%) tenía una nacionalidad distinta de la española y el resto (6.517 personas, el 47,5%), eran españoles.
Detenidos por homicidio
Como dato añadido, el número de españoles detenidos por homicidio en 2001 fue de 1.020, dos veces y media más que los extranjeros arrestados por la misma causa (401). El IESP, dirigido por José Antonio Rodríguez, subraya cómo hasta el año pasado el aumento de la inmigración no se consideraba un elemento determinante en el incremento de los índices de delincuencia (algo más de un 10% durante 2001 y un 6% en el primer trimestre de 2002). Para avalar esta tesis, argumenta que mientras entre 1999 y 2000 el aumento de la población inmigrante fue del 17%, en ese mismo periodo 'el Gobierno presentó a bombo y platillo unas cifras de disminución de la criminalidad de un -3%, sin decir entonces una sola palabra del componente de la población extranjera'.