Londres.- Amnistía Internacional (AI) lamenta profundamente la persistente
negativa del gobierno español en reconocer el trasfondo racista de muchas
de las violaciones de derechos humanos ocurridas en España. Dicha negativa
quedó manifestada en la carta enviada por el Ministro del Interior, Mariano
Rajoy, en respuesta al informe "España: crisis de identidad - Tortura y
malos tratos con motivos racistas a manos de agentes del Estado", publicado el
pasado 16 de abril.
La organización cree firmemente que el reconocimiento de la existencia
de malos tratos y actitudes racistas por parte de algunos agentes del estado es
el primer paso para avanzar hacia una solución del problema.
Para Amnistía Internacional, las consideraciones expresadas por el Ministro
del Interior en dicha carta no demuestran en absoluto que en el reciente informe
de la organización existan "inexactitudes importantes", tal y como afirma
el señor Rajoy.
Además, el gobierno no ha emitido ninguna opinión sobre las recomendaciones
que Amnistía Internacional propone en su informe. Entre estas recomendaciones,
Amnistía Internacional solicita al gobierno español que ratifique
sin reservas el Protocolo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos
y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias y que ponga en práctica
los compromisos surgidos de la Conferencia Mundial Contra el Racismo de 2001 y
las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la obligación de investigar
las denuncias de malos tratos.
Asimismo, Amnistía Internacional pide a las autoridades que evalúen
la efectividad del Código Penal español, puesto que la agravante
de racismo aplicable a determinados delitos por parte de los tribunales se sigue
utilizando en escasísimas ocasiones.
Por otra parte, y provechando la oferta del Ministerio de Interior de facilitar
a nuestra organización la información adicional que nos sea necesaria
sobre los casos citados en la investigación, AI ha solicitado detalles
sobre el estado actual de nueve casos concretos. Menores en Ceuta y Melilla
En cuanto a la situación de los menores no acompañados en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, Amnistía Internacional desea expresar
su profunda preocupación por la decisión anunciada por gobierno
de Melilla de no acoger a más niños en situación de desamparo.
La organización de derechos humanos recuerda que es obligación del
Estado Español proteger y amparar a todos los menores de edad que se encuentren
en su territorio, tal y como se recoge en la Convención sobre los Derechos
del Niño. Esperamos que las instituciones competentes tomen medidas inmediatas
para evitar que estos menores queden desprotegidos.
De cara a la reunión que mantendrán previsiblemente el próximo
16 de mayo representantes del gobierno de Melilla y del ejecutivo central, AI
advierte a las autoridades de las consecuencias que podría tener ratificar
la postura del gobierno melillense: o bien los niños que consigan entrar
en Melilla se quedarían en la calle sin ningún tipo de protección
social o bien podrían continuar siendo expulsados ilegalmente a Marruecos.
Nicola Duckworth, Directora del Programa para Europa de Amnistía Internacional,
afirma en la carta que ha dirigido a Mariano Rajoy que el "reagrupamiento familiar"
que las autoridades españolas pretenden conseguir con las expulsiones de
niños marroquíes a su país de origen raramente se produce,
ni tampoco estos niños son atendidos por los servicios sociales de Marruecos.
Respecto a la petición del presidente de la ciudad de Melilla de más
fondos públicos para poder mejorar las condiciones de los centros, Amnistía
Internacional quiere resaltar que en sus informes la organización ya señaló
que las administraciones de Ceuta y Melilla estaban necesitadas de más
recursos para atender debidamente a los niños y para examinar individualmente
sus casos. En cualquier caso, la falta de recursos económicos no puede
convertirse en una excusa para inclumplir obligaciones internacionales de derechos
humanos.
Al mismo tiempo, la ONG recuerda al Ministro del Interior que continúa
a la espera de contestación a la carta que le fue remitida ya en julio
de 2001, en la que se describían las preocupaciones de AI sobre las expulsiones
y acusaciones de malos tratos a menores en Ceuta.
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