Internacional

Shawn L. Nance
The Irrawaddy
Traducido para Rebelión por Eneko Sanz

Con hordas de reporteros apostados en la Avenida de la Universidad de Rangún y la comunidad internacional siguiendo de cerca los eventos, la junta militar que gobierna Birmania ha salvado las apariencias al poner en libertad, tras 20 meses de arresto domiciliario, a la Premio Nobel de la Paz y líder del movimiento por la democracia, Aung San Suu Kyi. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que los motivos tras la liberación sean honestos, o de que el anhelado cambio político esté próximo.
Muchos sospechan que la debilitada economía birmana ha forzado al régimen a sentarse en la mesa de negociaciones. Con esta visible muestra de interés por avanzar en el proceso de reconciliación nacional, el régimen espera atraer la muy necesaria ayuda humanitaria y hacer las inversiones internacionales más aceptables ante los ojos de los activistas en pro de la democracia y los derechos humanos. De hecho, la liberación del lunes aparentemente ha salvado las apariencias de todos los implicados en el proceso.
Las negociaciones que condujeron a la liberación fueron mediadas por el enviado especial en Birmania de las Naciones Unidas, Razali Ismail. Tras cada una de sus siete visitas previas al país, el diplomático malayo expresó su convicción de que las negociaciones entre el Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo (SPDC - la junta militar en el poder, N.d.T.) y el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (NLD), pronto darían sus frutos. Sin embargo, numerosos periodistas y analistas políticos se mantienen escépticos ante el optimismo del señor Razali. Éstos recuerdan las repetidas declaraciones emitidas en el pasado por los generales y los mediadores internacionales sobre la inminencia del cambio político que nunca se han materializado.
Los pesimistas, que son más numerosos que los optimistas entre los observadores veteranos de Birmania, han sido muy críticos sobre las negociaciones conducidas bajo los auspicios de la ONU y comenzaban a preguntarse si la nueva ronda de conversaciones no se convertiría en otro fracaso más en la larga lista de iniciativas que la ONU ha llevado a cabo en la región. A pesar de todo, la liberación de Suu Kyi al menos ha otorgado a la ONU una pequeña victoria que añadir a sus credenciales. Por ello, los esfuerzos de Razali deben ser elogiados.
¿O no? Razali, en su otro cometido como presidente y propietario del 30% de IRIS Technologies - una compañía malaya que opera bajo los amparo del gobierno -, ha firmado un acuerdo con la junta militar para proveer a Birmania de 5.000 pasaportes electrónicos. Cuando, tal y como está previsto, IRIS salga a cotizar en bolsa este año, Razali podrá señalar su trabajo en la ONU como prueba de que invertir en el estado paria es razonable, a pesar de que la posesión de un fax puede acarrear una larga estancia en prisión o que Internet sigue siendo ciencia-ficción para la mayoría de los birmanos.
Algo similar ocurre en Tailandia. Varias compañías tailandesas ya han hecho fuertes inversiones en Birmania y no ocultan sus deseos de intensificar las transacciones con ese país a pesar de las continuadas y severas críticas expresadas por los demócratas tailandeses. El mes pasado, el gobierno de Tailandia invitó al jefe del ejército birmano, el General Maung Aye, para promover diversos acuerdos sobre narcotráfico, contrabando, refugiados, emigración y pesca.
Pero aunque ciertos líderes en ambos países no desaprovecharon la oportunidad de salir en la foto, especialmente el ministro de defensa tailandés Chavalit Yongchaiyudth (quien se encontraba jugando a golf con Maung Aye mientras Razali daba los toques finales al acuerdo en Rangún), las conversaciones no generaron ningún resultado concreto. Junto con la liberación de Suu Kyi, el montaje publicitario de Maung Aye ha proporcionado a los líderes e inversores tailandeses, que tienden a ser uno y lo mismo, cierta sensación de seguridad en el preciso instante en que aceleran la construcción de carreteras y aumentan las ventas de materiales de construcción en el país vecino. Los problemas de narcotráfico, refugiados, emigración y los conflictos fronterizos, sin embargo, se mantienen irresolubles.
La liberación de Suu Kyi es un gesto bienvenido, no obstante muchos prisioneros políticos y periodistas siguen en la cárcel, las universidades permanecen cerradas, los acuerdos de paz con diversos grupos étnicos son constantemente quebrantados, y no se ha dado un verdadero progreso para abandonar el punto muerto en el que se encuentra la vida política birmana. Pero si el fervor espontáneo tras la liberación se mantiene, las agencias de ayuda internacional y las ONGs podrán justificar su presencia - y sus a menudo exorbitantes salarios - en Birmania, al mismo tiempo que los inversores tailandeses y de otras nacionalidades podrán invertir libremente sin dañar su imagen altruista.
Pero todas las partes interesadas harían bien en contener su entusiasmo hasta que se dé un genuino avance político. Tanto el NLD como el SPDC han sido acusados con razón de ser poco flexibles y las firmes declaraciones de Suu Kyi tras su liberación han hecho poco por aminorar las acusaciones. De todos modos, el NLD, con renovado vigor y el claro apoyo de la prensa internacional, no puede ser llamado a dar los primeros pasos hacia un compromiso. A pesar de toda la supuesta intransigencia de Suu Kyi, los problemas de Birmania son responsabilidad directa de los arcaicos regímenes militares que uno tras otro se han ido sucediendo durante los últimos 40 años.
El SPDC ha jugado sus cartas astutamente liberando a "la Dama". Y ha quedado bien, al igual que lo han hecho Razali, la ONU, los inversores extranjeros, el gobierno tailandés, las agencias de ayuda humanitaria y las ONGs. El tiempo dirá si se ha tratado de una operación cosmética para presentar al mundo un SPDC de rostro más amable o un capítulo más en la larga lucha por la democracia en Birmania.
7 de Mayo del 2002
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