Ayer activistas, hoy terroristas

Nancy Chang
("Guerre & Pace" febrero 2002)

Generalizadas limitaciones de las libertades civiles, aumento considerable del poder del ejecutivo, son las medidas  implantadas en Estados Unidos con la ley USA Patriot Act, en nombre de la seguridad, emigrantes, representantes  políticos que desentonan, organizaciones que luchan por el mantenimiento de la democracia son todos identificados por la palabra  "terrorismo"
  Seis semanas después del ataque terrorista del 11 de septiembre un nervioso Congreso, vacíos los despachos contaminados por el ántrax, ha  capitulado frente a las solicitudes de la Administración Bush de un nuevo arsenal de armas antiterroristas. A pesar de las importantes  protestas de las organizaciones que luchan por las libertades civiles, el Congreso ha aprobado por aplastante mayoría la USA Patriot Act, (Uniting  and Strengthening América by Providing Apropiados Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act). El voto en la Cámara ha sido de 356 frente a 66, en el Senado de 98 a 1. Este proyecto de ley redactado apresuradamente, complejo y de gran repercusión,  con más 342 páginas, ha pasado sin prácticamente ningún debate y sin audiencia pública. […]
 
AMPLIOS E INCONTROLADOS PODERES PARA. EL EJECUTIVO
 
La USA Patriot Act tiene un diseño de corte radical, sacrifica de una manera sin precedentes nuestras libertades en nombre de la seguridad nacional, consolidando nuevos y amplios poderes para el ejecutivo. En base a la Patriot Act se ha aumentado la posibilidad de control de las informaciones, el Fiscal tiene a su disposición una serie de nuevos instrumentos, incluidos la imputación de nuevos  delitos, aumento de las penas y más amplias limitaciones. El Departamento de Inmigración y  Nacionalización, INS, ha adquirido la autoridad de detener durante un tiempo considerable a los emigrantes sospechosos de terrorismo, incluso por periodos indefinidos. Y mientras la Patriot Act aumenta los poderes  del ejecutivo, al mismo tiempo aleja el ejercicio de estos poderes de cualquier significativo control de parte del  Congreso. […]
 
ADIÓS AL "PROCESAMIENTO JUSTO"
 
El Departamento de Justicia, DOJ, ha admitido ya la detención de 1.100 emigrantes, ninguno de los que ha sido acusado de actos terroristas. Muchos de ellos parece  que han sido retenidos por períodos prolongados en base al reglamento extraordinario anunciado el 17  septiembre por el Ministro de Justicia, Ashcroft.
  Este reglamento desmantela el principio del proceso justo, permitiendo al INS  detener a los extranjeros, sin acusación, durante 48 horas o  por un no definido "razonable período de tiempo adicional" en el caso de una emergencia u otras circunstancias "extraordinarias". Además,  muchos en este grupo están presos no por acusaciones de terrorismo,  sino por violaciones menores de la ley de emigración, de acuerdo a una  moderna forma de  detención preventiva.
  De manera escalofriante, el Ministro de la Justicia ha utilizado la aprobación de la ley sin   usar  sus nuevos  poderes de forma responsable y garantizando evitar su abuso, por el contrario, ha  aumentado sus acciones a favor de las  detenciones. Confundiendo el status de emigrante con el de terrorista, ha declarado: "Qué los terroristas entre nosotros están avisados, si el  visado esta caducado un solo día, les detendremos". […]
 
SUSPENSIÓN A GRAN ESCALA DE LAS LIBERTADES CIVILES
 
La llamativa afirmación de poder de la Administración, unida a la amplia gama de instrumentos contra el terrorismo que la USA Patriot Act pone a su disposición, hace presagiar una suspensión a gran escala de las libertades civiles que afectará a muchos más  que  los que estén implicados en actividades terroristas.
  Ante todo, la Patriot Act pone en peligro la Primera Enmienda [de la Constitución, N.d.T] relativa a la libertad de pensamiento y de asociación política, creando un nuevo tipo de delito de "terrorismo interior" y negando la entrada a los extranjeros en base a principios ideológicos. En segundo lugar, la ley reducirá nuestros derechos a la vida privada defendida por la Cuarta Enmienda, garantizando al gobierno  mayores poderes de control. En tercer lugar, los extranjeros verán una disminución de su derecho a un proceso justo en cuanto que la Patriot Act dispone que serán puestos en la condición de detención obligatoria y expulsados de los Estados Unidos. Los activistas políticos críticos con nuestro gobierno o que tienen relaciones con movimientos políticos internacionales están entre los expuestos a padecer las consecuencias de  estos ataques a las libertades civiles.
 
SOMOS TODOS TERRORISTAS
 
El artículo 802 de la USA Patriot Act crea el crimen federal de "terrorismo interior" que se extiende a "actos que ponen en peligro la  vida humana en contra del código penal" si en estos  "aparece el objetivo… de influenciar la política de un gobierno con la intimidación o con  la coerción", y si estos "ocurren en un territorio bajo jurisdicción de los EE.UU.."
  Ya que este delito es enunciado en términos tan vagos y amplios, se corre el riesgo de ser interpretado por la policía federal como una  autorización a recoger de información y el control de los activistas políticos y de las organizaciones en función a su oposición a la  política gubernamental, y de ser interpretado como que les deja las manos libres a la criminalización de la legítima oposición política. Actividades de  protesta, por su misma naturaleza, podrían ser interpretadas como actos donde "aparecen objetivos… de influenciar la política de  un gobierno con la intimidación o la coerción". Además, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden y los actos de desobediencia civil, también los que no provocan heridos y son completamente no violentos, podrían ser interpretados como "peligrosos para la vida  humana" y en "violación del código penal". Ambientalistas, anti-globalización, y activistas que practican acciones directas, son particularmente  vulnerables a ser acusados de "terrorismo interior."
  Además el artículo 803 define como delito "acoger o esconder a cualquiera persona que se sepa, o que se tengan razonables motivos para opinar que haya cometido, o haya ayudado a  cometer" determinadas actividades terroristas. A causa de los artículos de la Patriot Act relativos al "terrorismo interior" y al de darle apoyo, los militantes políticos pueden  encontrarse frente al control y a las acusaciones  del gobierno.
 
PROHIBICIÓN DE ENTRADA
 
Un atento control del empleo que el gobierno hará de esta ley será necesario para verificar que personas u organizaciones serán elegidos selectivamente como objetivo en base a su oposición a las políticas gubernativas. La Primera enmienda no tolera limitaciones a la libertad de expresión de las opiniones.
  El artículo 411 introduce un control de entrada en los Estados Unidos de tipo ideológico, que tiene en consideración las opiniones políticas,  normalmente protegidas por la Primera Enmienda. Representantes de un grupo político o social, "que apoyen públicamente  las  actividades terroristas que el Secretario de Estado haya establecido que  ponen en peligro los esfuerzos de reducir o eliminar las actividades terroristas",  ya no pueden entrar en los Estados Unidos. La entrada en el EE.UU. también está prohibida a los extranjeros que hayan tenido una "posición  de relieve dentro de cualquier país por apoyar públicamente  la actividad terrorista", si el Secretario de estado  decide que una opinión "mina los esfuerzos de reducir o eliminar las actividades terroristas". […]
 
ARTÍCULO 411. LIBERTAD DE EXPULSIÓN
La USA Patriot Act priva  a los inmigrados de sus derechos a  la instrucción de un proceso justo y a la  Primera Enmienda por dos mecanismos que funcionan en tándem.
  En primer lugar, el artículo 411 amplía de manera consistente el grupo de emigrantes que pueden ser expulsados por terrorismo.  A pesar de que el término "actividad terrorista" sólo defina políticamente la violencia premeditada y directa contra la población civil, el artículo 411 amplía de ello su sentido hasta comprender cualquier delito que emplee  "un arma  o aparato peligroso, a menos que no sea para defensa personal, ". En base en esta amplia definición, un  emigrante que agarra un cuchillo o un arma durante una pelea o comete un delito pasional, puede ser  sujeto a expulsión como  "terrorista."
  El término "tomar parte en actividades terroristas" además ha sido ampliado hasta incluir la recogida de fondos para solicitar adhesiones  y proveer ayuda material a una "organización terrorista", también cuando aquella organización tenga fines humanitarios y  políticos legítimos y el extranjero sólo trata de apoyar estos objetivos legales.
 
¿CUÁNDO ES UNA ORGANIZACIÓN "TERRORISTA?"

Para complicar más las cosas, el término "organización terrorista" ya no se limita a organizaciones que ya han estado  oficialmente designadas como terroristas y que por éste han sido inscritas en el Registro federal. El artículo 411 incluye en efecto en las "organizaciones terroristas" grupos que no han sido definidos nunca tales, si se incluyen en el vago criterio de que "dos o más individuos, organizados o menos", que toman parte en específicas actividades terroristas: recoger fondos, solicitar adhesiones de miembros, proveer  ayudo material a una "organización terrorista" inscrita en el Registro federal. En este caso, el artículo 411 impone al  extranjero la difícil, si no imposible, tarea de "demostrar que no sabía, y que no habría podido saber razonablemente,  qué la acción habría favorecido la actividad terrorista de la organización."
  Además, si la "organización terrorista" esta inscrita en el Registro Federal, el extranjero no puede ser expulsado si ha cometido éste  "crímenes" cuando la organización no estaba reconocida todavía como "terrorista", pero será permitida la expulsión de un extranjero que  haya hecho las mismas cosas antes de lo entrada en vigencia del Patriot Act, a favor de una "organización terrorista" inscrita en el  Registro Federal.
 
ARTÍCULO 412. LIBERTAD DE DETENCIÓN
Al mismo tiempo el artículo 411 amplía enormemente la categoría de los emigrantes que pueden ser expulsados por terrorismo,  el artículo 412 aumenta en exceso la facultad del Ministro de la Justicia de detener a los emigrantes sospechosos de estar en esta  categoría. En base en la sola sensatez del ministro y en que tenga "bases razonables para creer" que un extranjero está implicado en  actividades terroristas u otras actividades que ponen en peligro la seguridad nacional, un extranjero puede ser también detenido durante siete días sin ser acusado de violaciones penales o relativas a la ley sobre la inmigración. […]
  Si un extranjero es acusado de una violación de la normativa migratoria, es sometido a detención obligatoria y no puede ser  excarcelado hasta que no sea expulsado, o hasta que el Ministro de la Justicia no decide que ya no tiene que ser considerado  terrorista. Hasta que el procedimiento legal relativo a la normativa migratoria no esta completo, al Ministro de la Justicia es requerido de volver a ver su causa cada seis meses. Y sin embargo, el Patriot Act no impone al Ministro la obligación ni de informar al extranjero de las  pruebas sobre las que se basa su causa, ni de darle la posibilidad de denegar las prueba por un procedimiento administrativo. […]
  También para el extranjero que en espera de expulsión se verifique la aplicabilidad del derecho de asilo u otras situaciones que excluyan  la expulsión, el artículo 412 no permite su liberación. Además, en el caso de que tuviera que ser expulsado, pero la expulsión fuera "improbable  en un futuro razonablemente previsible", porque ningún otro país lo aceptaría, podría ser detenido por un período adicional de seis meses "si la excarcelación del extranjero pudiera poner en peligro la Seguridad Nacional de los  Estados Unidos o de la comunidad, o de algunos individuos."
  La instrucción de un proceso justo se aplica a todas las 'personas' en EE.UU., comprendidos  los extranjeros, sea que su presencia sea "legal, ilegal, temporal o permanente". Sin embargo la Patriot Act expone a los emigrantes a una detención prolongada y, en algunos casos,  indefinida, basada sobre la exclusiva sensatez del ministro de la Justicia. Hará falta ver hasta que punto los tribunales federales  preguntarán al Ministro en que se basa su juicio en evidencias objetivas. Y sin embargo es difícil no concluir que las nuevas normativas  previstas por el Patriot Act a los inmigrados de sus libertades privarán en ausencia del justo proceso.