Internacional

La Jornada

Los países que han llevado a cabo la privatización del sector eléctrico han experimentado un desmesurado incremento de tarifas a los consumidores de hasta 700 por ciento; reducción de salarios para los trabajadores de esta industria, así como despidos y desconocimiento de sus contratos colectivos de trabajo; además, registran salidas de divisas "sin límite", porque las grandes trasnacionales envían al extranjero hasta 80 por ciento de las ganancias que obtienen y realizan inversiones mínimas.
Los dirigentes de los principales sindicatos de trabajadores de la industria eléctrica de Chile, Mario Oyarzun, y de Argentina, José Rigane, así como de Uruguay, Gabriel Portillo, quienes participaron ayer en el foro La privatización eléctrica en América, organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), denunciaron los efectos adversos que ha dejado para las economías nacionales y para sus ciudadanos la apertura de este sector al capital privado.
Los líderes obreros de la región se comprometieron a apoyar al SME en su lucha contra la reforma que intenta el presidente Vicente Fox. Además, representantes de organizaciones políticas de Argentina y de Canadá les dieron su respaldo para, "de ser necesario, formar un frente contra esta privatización, que ha traído pobreza a los países donde se aplica".
También estuvieron presentes en este foro diversos legisladores que están en contra de la reforma foxista, como Manuel Bartlett, quien señaló que ni con su "mercadotecnia" el mandatario logrará convencer al Congreso de que vote a favor de esta iniciativa y "no le podrá vender a los mexicanos un producto podrido" como es la privatización del sector eléctrico.
El secretario general del principal sindicato de trabajadores de energía de Chile, Mario Oyarzun, planteó que en su país, primeramente el Estado le vendió al "círculo de amigos" del gobierno en 35 millones de dólares el principal conglomerado de producción de electricidad, y éstos, al poco tiempo, lo revendieron a un consorcio estadunidense en 830 millones de dólares.
Chile, dijo, ha experimentado con esta privatización enormes daños económicos.
En primer lugar, se ha registrado una desinversión en diversos sistemas del sector eléctrico, porque las empresas trasnacionales que "se quedaron con el pastel" de la industria eléctrica chilena, lejos de lo que se dice, no invierten, y sacan prácticamente 80 de cada 100 dólares que obtienen. Además, han reducido en algunos sectores hasta 57.5 por ciento de los trabajadores de esta industria; el Estado no recauda nada por la explotación de esta energía, y recoge muy pocos impuestos de estas empresas.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, José Rigane, hizo una amplia exposición sobre los efectos de este fenómeno en el sector laboral. Llamó a los electricistas a "resistir" la embestida gubernamental, porque el costo de no hacerlo es muy alto. En Argentina se registró una concentración de más de 65 por ciento de la industria en empresas trasnacionales, y algunas de ellas elevaron las tarifas hasta en 700 por ciento, han incumplido con las normas de operación que se les fijaron, desconocieron los contratos colectivos de los trabajadores del sector, incrementándoles las horas de labor, reduciendo sus salarios y hasta pagándoles en especie, entre otras funestas medidas, sostuvo.
Mario Alderete, líder del Movimiento Político Sindical Liberación de Argentina, se pronunció por dar un "apoyo continental" al SME; así como el secretario de Integración y Programas de la Agrupación de Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay, e incluso el fundador de la Coalición de Electricidad de Ontario, Canadá, Paul Kahnert, propuso la conformación de un amplio frente regional contra esta privatización a fin de lograr revertirla en algunas naciones.
El secretario general del SME, Rosendo Flores, dijo sobre el acuerdo para que a los usuarios del país que enfrentan cobros irregulares en sus recibos no se les corte el servicio que esta medida sólo es un paliativo y mientras no se derogue el decreto del 7 de febrero que modificó el esquema de subsidios van a persistir los problemas.