Venezuela: El Golpe

Jeudiel Martínez y Amaro Magenta
I.
La discusión sobre la libertad de expresión ha tenido tradicionalmente dos vertientes; en una se resalta su importancia como institución garante de la libertad y de la democracia, en función del pretendido carácter de los medios de comunicación como herramientas fundamentales para garantizar la continuidad de un régimen de libertades. La otra, más crítica, observa con preocupación los avances del cuarto poder y su creciente capacidad de editar la noticia, la historia, la realidad, a partir de visiones e intereses particulares, para tener incidencia no sólo sobre la opinión pública, sino sobre el curso de los acontecimientos. En Venezuela, con las tendencias informativas de las semanas anteriores al reciente golpe de estado, la cobertura manipuladora de los días previos, el operativo desinformativo del enfrentamiento del 11 de abril y la supuesta renuncia del Presidente constitucional, así como el dramático fenómeno de autocensura durante la efímera dictadura que se instauró inmediatamente después, la discusión sobre la relación de los medios de comunicación con la política, así como las consecuencias que el ejercicio de la libre expresión puede tener sobre el conjunto de libertades, toman los visos más agudos y significativos.
Es innegable el hecho de que, en los últimos dos siglos, la labor de la prensa crítica e independiente fue fundamental en las luchas por la democracia, contra el racismo, el autoritarismo y otras manifestaciones de la intolerancia de unos sobre otros. A partir de esa trayectoria ejemplar, que – al igual que en el resto de fenómenos de transacción social – no es extensible al conjunto de entidades e individuos que forman parte de su historia, se ha construido el discurso legitimador de la comunicación social de masas como condición para la vigencia del régimen democrático; como se ha construido a su vez la institución de la libertad de expresión como garantía jurídica frente al carácter eventualmente autoritario del poder público.
Sin embargo, resulta obvio que el carácter de los medios en general y de la prensa en particular es variable, habiendo sufrido importantes mutaciones desde que la comunicación se ha vuelto una industria – y además, una industria de la imagen. Por eso, lo que los medios defienden cuando construyen ese discurso legitimador sobre la libertad de expresión – que en definitiva refleja lo que ellos dicen sobre sí mismos, en base al cúmulo de intereses que defienden –, no puede asumirse como un todo homogéneo y legitimador de la práctica comunicacional per se. La actividad de comunicación social refleja en la presentación de la noticia, determinada su línea editorial, los intereses políticos que confluyen en el medio: ello la convierte en todo caso en una actividad política – tanto si defiende la democracia como si atenta contra ella.
La prensa en específico adquirió carácter masivo en la medida en que devino documento gráfico, lo que permitió que la información vertida girara alrededor de imágenes rotundas y de una labor de diseño directamente relacionada con lo que se quiere transmitir. Ya en la televisión, el portavoz instantáneo de la realidad, se ve clara la importancia y alcance de la comunicación centrada en la imagen, así como la centralidad que en el mensaje se le otorga a la velocidad con que se transmite la información visual y textual. En principio, es claro para todos los críticos:
ante la unidireccionalidad del mensaje emitido desde un centro de interpretación y divulgación de la noticia – el medio – el ojo y el oído del espectador se ven continuamente bombardeados por una avalancha de instantáneas, de imágenes y sugestiones que una vez recibidas no pueden ser devueltas, solo procesadas desde el bagaje crítico subjetivo y a su tiempo progresivamente olvidadas.
En realidad, el funcionamiento de la comunicación mediática no tiene carácter democrático, aunque el medio se esfuerce en presentar una pluralidad de posiciones políticas. El ejercicio editorial de definir contenidos, orientación de la información y presentación, significan de hecho un ejercicio de censura de superación imposible: la democracia se ve condicionada por el criterio de un equipo – el equipo editorial del medio – que determina la apertura real de la tribuna mediática, criterio sobre el que las mayorías no tienen mayor capacidad de incidir. A su vez, el flujo de la información retrata el rostro de la realidad que se nos presenta de manera veloz, y sin que los espectadores tengan recursos para comunicarse transversalmente entre ellos y poder así tener mayor incidencia sobre la cobertura que en instantes recorre el mundo, para cosificar una versión de los hechos. ¿Qué es lo que pasa?, ¿dónde?, ¿cual es la verdad?, son preguntas planteadas y contestadas casi instantáneamente en una dimensión ajena a la de los espectadores y aún a la de los propios acontecimientos – en ocasiones extremas, ajena incluso al supuesto escenario donde se desarrollan.
II.
Hasta qué punto se puede separar el acontecimiento mediático del real, a través del ejercicio de la comunicación social en "libre expresión", es algo que no solo hemos experimentado en Venezuela. Ya el Ciudadano Kane nos desnudó con magistral ojo crítico la perversión mediática que para entonces contaba con tantos siglos como la escritura misma. En hechos históricos recientes, se denunció cómo los medios en Serbia ocultaron largo rato el sitio de Sarajevo; la complicidad de la prensa Peruana con el Fujimorato es así mismo bien conocida; los operativos mediático bélicos de la década de los 90 nos impactaron con sus dispositivos de aniquilación y las verdades de los acontecimientos creadas en el laboratorio político de la CNN. Pero tal vez fue con la operación bélico-mediática llamada Guerra del Golfo, o acaso en la Italia de Berlusconi, donde se atisba más claramente las consecuencias del maridaje del poder de la imagen con el interés político de quienes tienen el dominio del medio.
¿Qué tan libre es una sociedad donde la clase gobernante y la tecnocracia controlan o se asocian con los medios de producción de opinión pública? Estamos en un mundo donde la realidad es editada y presentada con criterios casi idénticos a los de los videos y notas de prensa; donde no tenemos la certidumbre de que lo que se muestra es lo que pasa y si lo que pasa se transmite. Acontecimientos fundamentales pueden ser editados de la historia, y la presentación de la secuencia de lo ocurrido responde a un interés o un cálculo que ciertamente es parcial, beligerante como el de cualquier actor político. Han ocurrido genocidios que nadie ha reseñado, como en Kurdistán; otros, como en Palestina, son justificados en vivo y directo, a través de una toma de partida de los medios que nos da escalofríos, pero ante la cual pareciera que no podemos más que plegarnos: la libertad de expresión está "en juego", como lo está – nos dicen – el régimen de libertades con el que debemos identificarnos. Nos quedan los medios alternativos, el análisis crítico, las protestas en la calle, prontamente criminalizadas desde los foros públicos de laureados analistas, que defienden los valores de la calma social como epíteto de la sumisión a los valores dominantes y las políticas de sometimiento de sus principales hacedores.
III.
Ante la industria de la información y la imagen, el colosal poder político que han acumulado sus actores a través de los monopolios mediáticos y el cúmulo de alianzas y relaciones de poder que los permiten, la temática de la regulación ya no se ciñe al tema de la censura. Analizar el problema de la libertad de expresión en términos de censura, represión o persecución, es reemplazar con viejos tópicos el análisis de las relaciones de poder y las desigualdades en sociedades como la nuestra. Es hora de decirlo con claridad: en Venezuela, sin el papel activo de los medios de comunicación en el desencadenamiento y maquillaje criminal de los hechos, no habría tenido lugar el golpe de estado del 11 de abril. La labor sostenida en los últimos meses de todas las televisoras privadas, así como de múltiples medios radiales e impresos, fue determinante para proyectar una imagen lamentable y tergiversada del gobierno, mostrándolo ilegitimo, autoritario, violento, mientras los analistas denunciantes – voces de la sociedad plural, decían – se convertían en conspiradores que maniobraban cómodamente desde los estudios, gracias a la efectiva vigencia de las libertades públicas supuestamente conculcadas.
Auténtica plataforma de maniobra de la campaña de desestabilización y, posteriormente, de la conspiración, los canales de televisión y diversos medios impresos y radiales resultaron ser la fábrica ideal de la palestra de los dirigentes y agitadores del golpe y de las jornadas de calle que le precedieron.
La positividad del funcionamiento de mecanismos como este, que se activa ante la progresiva pérdida de poder político de los factores tradicionales del poder económico, y la alianza explícita que se genera entre sus representantes duros y sus medios "democráticos", se escapa a todos los que suponen que la censura de la información es mas importante que la edición o presentación del acontecimiento; a todos los que piensan que existe un actor que informa y que el peligro reside exclusivamente en el que en nombre del poder público pretenda censurar la información. Si en Venezuela no se hubiese revertido el golpe de estado, ya sería una verdad histórica incuestionable que las hordas chavistas asesinaron a los manifestantes de la oposición. Los mecanismos de una maniobra que convirtió un enfrentamiento callejero provocado por actores de la conspiración en una agresión unilateral y una masacre del "oficialismo" están por revelarse; en todo caso, nadie duda de que son elementos nodales de la estrategia que permitió el éxito en principio de la operación golpista.
Por si hubiera dudas, baste mencionar el carácter repetitivo de la supuesta renuncia del Presidente, que los informativos televisivos anunciaban desde horas de la noche; o el titular de una edición especial de ese mismo día del diario El Nacional, que titulaba en primera plana a seis columnas "La batalla final es en Miraflores" – en claro delito de instigación al enfrentamiento. Otro ejemplo es el suplemento Siete Días de este diario, el cual sale los domingos con cobertura de la semana y se elabora con antelación a su salida; el número del domingo día 14 de abril – frustrado tercer día de la "liberación" burguesa – estaba editado en torno a una Venezuela sin Chávez, en ejercicio no de edición de la realidad, sino del mismísimo futuro (denuncia de Aristóbulo Isturiz, Ministro de Educación y uno de los principales líderes de la revolución democrática de Hugo Chávez). También podemos referirnos a la ausencia total de periódicos de circulación nacional durante ese domingo de retoma democrática, a excepción del vespertino Ultimas Noticias – ¿qué escondieron los diarios? Imagínamos que entre otras cosas, y al igual que en la edición del sábado, un nuevo desfile de panegíricos sociales al gobierno de "unidad nacional", y nuevos ejercicios de enterramiento de las caras disonantes de la noticia.
Esta maniobra de infamia mediática tiene su continuidad con la línea asumida después del derrumbe fulgurante de la dictadura burguesa más esperpéntica de la historia: la maniobra actual que pretende editar de la historia del país el hecho de que una población indignada salió a la calle masivamente a reclamar la restitución de la democracia, en todos los barrios populares de numerosas ciudades del país, en una reedición de los episodios más heróicos del movimiento popular a escala mundial: así como salieron a interpelar a la tropa en Miraflores, Fuerte Tiuna, Maracay, aliándose con ella, y haciendo posible la vuelta del Presidente legítimo de la República al poder. Asistimos en directo a la negación sistemática de ese acontecimiento, a su presentación como un supuesto conciliábulo de 4 generales, en consonancia con la línea dura de la mediática conservadora que niega en todo momento la legitimidad del Presidente.
No se pretende en absoluto desconocer la existencia de un amplio sector de la población que siente afectados sus intereses por las políticas gubernamentales. No es este el espacio para analizar las posibles casas que llevan al éxito de una operación de descrédito intencionada y planificada. Sin embargo, ese ejercicio persistente de negación de la legitimidad del gobierno no es lo determinante. Se trata de negar la existencia de una base social de apoyo masivo al proceso político abierto en 1999. Negar que todos aquellos que votaron, se organizaron y se movilizaron por Chávez, existen y participan y tienen voz y voto y el coraje de tomar las calles en medio de la salvaje represión de la dictadura. Que son fundamentalmente los que apoyan al gobierno quienes efectivamente salieron en defensa de los valores democráticos, mientras quienes desde la tribuna exclusiva de la sociedad civil mediática y de oposición vienen reclamando en torno a la democracia se encargaban de elevar loas a quienes atentaban criminalmente contra ella.
Más aún, este ejercicio mediático no apunta tanto a negar la masiva base social del proyecto de gobierno, sino a asegurar que la base popular del chavismo está compuesta por delincuentes y mercenarios. Poner en evidencia la premisa de este discurso significa el desenmascaramiento definitivo del carácter totalmente antidemocrática e intolerante de la línea editorial que hoy impera en la comunicación de masas en Venezuela: la negación y la descalificación del otro como marginal y antisocial, la operación mediática sistemática de rebajar su condición recién adquirida de ciudadano a la de delincuente – para devolverlo a donde la democracia excluyente le retenía, en el ejercicio tutelado y autoritario de derechos de asistencia como medio legitimador del sometimiento de sus derechos políticos. Al fin, eso es lo que les delata: el delincuente también participa en democracia, el delincuente también edita y emite noticias amparado en su poder económico y en el manipulable y tramposo discurso de la libertad de expresión como institución "sacrosanta" – palabra que adjetivaba el derecho en la mancheta de texto que el conjunto de canales privados utilizaron para intervenir la señal de la cadena presidencial, en momentos en que se precipataban los acontecimientos el día 11 de abril, tal cual previamente planificado por los conspiradores.
Así, de las referencias sistemáticas en la prensa según las cuales los participantes en las marchas progubernamentales son movilizados por dinero y una maquinaria clientelar, y obnubiladas por un fenómeno hipnótico que tachan de fascismo – cuando es precisamente ese el germen que siembran los factotum opositores con sus mensajes de exclusión y mercado libre de pobres – se pasó a la negación de la existencia de sectores enteros de la población. Según algunos analistas políticos, no existe el campesinado ni la población rural; según algunos historiadores, la presencia de los pueblos indígenas consiste en un par de palabras dejadas por tribus extintas; según los periodistas mimados de las televisoras, el hojalatero que cruza la autopista y el buhonero que "afea" las calles no sólo no cumplen condiciones para ejercer el derecho adquirido a participar: deben tomarse medidas para desparecerlos del paisaje de la ciudad, como prerrequisito para entrar en la "modernidad".
IV.
No extraña entonces la indignación de todos aquellos venezolanos – millones de venezolanos – que de súbito descubren ser un simulacro o una mentira: prender la televisión y descubrir en el tratamiento de la noticia que o bien uno no existe, o bien es convertido por gracia de la libre expresión, en boca de los "demócratas" y "comunicadores", en un delincuente o un asesino, en un marginal sin derecho alguno. Estas singulares matrices de opinión o líneas discursivas de los medios y de los analistas y voceros que tienen acceso a sus micrófonos, son cónsonas con la elaboración política que sectores organizados de la clase media realizan desde hace años: dotar de consistencia y organicidad a los sectores medios sobre la base de un discurso y un movimiento de repulsa y prevención contra los sujetos y clases peligrosas; malandros, buhoneros, gente de los barrios, mendigos, etc. En una palabra, marginales – por oposición a "nosotros", la gente normal, la "sociedad civil", la minoría excluyente a la medida de cuyos miedos y prejuicios se construye el discurso reaccionario para atentar contra las aspiraciones de las mayorías, y contra el gobierno legítimo que respaldan, más allá de sus errores, por su potencial transformador.
La televisión, la radio y la prensa resultaron así ser la caja de resonancia de los temores y odios de estos factores sociales. Al bombardeo diario contra el gobierno y la estilización extrema de las tácticas de la difamación y la injuria, se suma la difusión de la paranoia: los partes de guerra de la delincuencia estridentes y magnificados, la estigmatización de los buhoneros, de los círculos bolivarianos, o de grupos singulares como los estudiantes que tomaron el consejo universitario de la Universidad Central. Algún programa, en horario estelar, muestra a un dirigente político de la oposición golpista sirviendo de árbitro de los "sordidos" conflictos de la gente de los barrios; objetos de odio, temor o lastima, nunca ciudadanos, son las tres cuartas partes del país que el pasado día 13 de abril adelantaron el más rotundo ejercicio de participación política protagónica que haya conocido la historia reciente de este país – y por una vez, en defensa del gobierno, y no para repudiar sus políticas de exclusión, como fue la tónica hasta hace tan sólo tres años, como lo sigue siendo en las Repúblicas hermanas de la Región.
V.
Quizás uno de los aspectos más indignantes de la conspiración, en curso de aceleración desde el año pasado, es que factores fundamentales de la oposición actuaban envueltos en el manto de sus fueros institucionales, construyendo un discurso legitimador de una impunidad que debe combatirse: no nos toquen por que somos fundamentales para la democracia, no eleven el tono ante nosotros, por que somos necesarios para el estado de derecho, no obstruyan nuestro intervencionismo, porque atentamos contra las instituciones en defensa de la democracia. En ese sentido apuntaron las baterías comunicacionales de los principales partidos de oposición. Con esa misma pretensión de jugar duro a la política y exigir que no hubiera respuesta actuaron los voceros de la "sociedad civil" – que se convierte en el estandarte de la organización conservadora y ultraconservadora de la clase media excluyente; los medios de comunicación y sus caras más populares, progresivamente convertidas en bloque monolítico antidemocrático; la alta jerarquía eclesiástica, que se delató al rubricar el acta de fundación de la dictadura – acta que por su osadía y descaro fascista también dio pie a su propia defunción; la patronal y la dirigencia sindical de la CTV, en el maridaje más exótico si no fuera por su carácter de continuidad componedora. Cada uno de ellos contó en las entidades internacionales análogas con el apoyo incondicional de instituciones que se construyen para la defensa de los mismos privilegios que sostienen a lo interno: la perpetuación de una pantomima excluyente disfrazada de discurso democrático.
Estos mensajes los vimos también legitimados desde el autoparlante unidireccional de la televisión en boca de juristas de renombre, como el Sr. Brewer Carías o la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa – ambos indiciados de haber participado en la redacción del decreto infame de instalación de la dictadura, y en todo caso abiertamente instigadores del golpe en los días previos; el Sr. Fernando Fernández, reconocido penalista y miembro de Amnistía Internacional Venezuela, que defendió lo indefendible parapetado tras la envestidura de la prestigiosa organización internacional; el Sr. Elías Santana, dirigente social conservador, autodesignado como vedette estrella de la sociedad civil; inclusive en la presentación del Sr. Peña Esclusa, neonazi incurso en las más oscuras operaciones de extremismo regional, como representante de la "sociedad civil" civilizada.
Pues bien, en el marco de ese eje de discusión que tiene a los medios de comunicación y los sectores políticos que tienen acceso a los mismo en un mismo ring, con un "sacrosanto" árbitro llamado libertad de expresión, que se encarga de mantener alejados de la diatriba desestabilizadora a quienes son pisoteados en su dignidad, Venezuela se convierte en la referencia forzosa de todos los que estudian la comunicación. La frase ya un tanto manida que refiere la ocurrencia de un "golpe de estado mediático" perdió cuanto tenía de metafórico y se tornó en la referencia central necesaria de unas jornadas difíciles, donde las piezas desplegadas en el tablero se movían con la cobertura de la artillería mediática. Militantes en la guerra de la imagen, los periodistas llegaron a ser jueces de facto en los allanamientos, así como glosadores de las hazañas de hostigamiento y humillación protagonizadas por los sectores liberados por la gesta dictatorial del 11 de abril – las "hordas" de la sociedad civil, que atentaron con líderes políticos y autoridades de oposición a la cabeza contra autoridades legítimas e inclusive instituciones de derecho internacional, como lo es la sede diplomática de Cuba.
VI.
Más allá de lo que puede considerarse exceso en una función, el problema que se plantea se refiere a las complejas relaciones entre la comunicación mediática y la política. Adelantar las iniciativas necesarias para siquiera ensayar la inversión de la asimetría existente entre los ciudadanos-espectadores y los medios de comunicación como máquinas de construcción de acciones y tendencias es un objetivo fundamental. Es esta una compleja lucha política que reclama el diseño y desarrollo de instrumentos de análisis y legislaciones que trasciendan los enfoques moralistas, centrados en la difusión de la violencia y el sexo a través de los medios.
Más aún, que trasciendan la temática simple de la información / represión – el discurso ortodoxo de la libertad de expresión y sus instituciones, que se construyeron para servir bajo un esquema que en Venezuela se invirtió: un poder público que respeta las libertades y un poder mediático que desde la intolerancia de sectores de derecha minoritarios monopolizan el discurso mediático, con intenciones explícitas de atentar contra la democracia y con aspiraciones totalitarias y de retorno a la exclusión y a la contención institucional y política de las dramáticas contradicciones sociales del país. Todo ello, desarrollando un dispositivo de hipnosis mediática que apuntó a secuestrar las voluntades del descontento, en torno a la supuesta inevitabilidad de la acción antidemocrática para la restauración de una democracia supuestamente amenazada.
En ese contexto de activismo mediático, merece la pena hacer referencia a dos reacciones antagónicas de la farándula reaccionaria, en la etapa de reflexión que generó el operativo golpista: por un lado, el célebre presentador juvenil Luis Chataing, líder del antichavismo mediático disfrazado de divertimento satírico, confesó semanas después su amarga sensación de haber sido engañado; por otro lado, el popular actor Orlando Urdaneta, que desde hace meses se convirtió en uno de los más burdos rostros del fascismo mediático a través de un programa altamente intoxicante, y al que se señaló como el bufón preferente de la corta dictadura patronal:
tras varias semanas sin reaparecer, retomó las cámaras una noche de finales de abril para reiniciar su batería de incoherente asalto a la inteligencia del espectador, inventando persecuciones que sólo sus aliados políticos desataron.
También merece destacarse una editorial del diario El Universal, pocos días después de la asonada, en la que este medio conservador concluía que los venezolanos vivían bajo la sensación de haber pasado de una dictadura con forma de democracia a una democracia con forma de dictadura – ejercicio de justificación de lo injustificable, que muestra la huida hacia delante en que caen quienes se consideran delatados por su posicionamiento antidemocrático en el escenario de las semanas pasadas. Táctica de maquillaje que viene estando presente en el tratamiento de la información del conjunto de medios que auparon el golpe, y que a estas alturas – tras algunos breves e infumables ejercicios de autocrítica – ha significado ya la rápida reagrupación de las fuerzas mediáticas antidemocráticas y la conformación de un nuevo frente bélico mediático, que libera una vez más sus cargas envenenadas de alto calibre. La cobertura progolpista de las interpelaciones de la comisión política de la Asamblea Nacional que investiga los hechos es apenas una muestra: sólo merecen subrayado y análisis las declaraciones de quienes participaron activamente en los hechos; como lo son las campañas contra diversas autoridades legítimas hacia la concreción de un golpe institucional, o la patética cobertura de la solicitud de asilo político del delincuente más notorio de la asonada, el expresidente de la patronal y dictador autoproclamado, Carmona Estanga, cuyo delito se reduce – de acuerdo a los más promiscuos analistas – a brindar su apoyo a las reivindicaciones laborales de los ejecutivos petroleros bajo cuyas elitistas protestas se cobijó la arremetida golpista final.
VII.
El reconocimiento del carácter beligerante de todos los emisores de información, del carácter táctico e interesado de las posturas, de la proliferación de verdades singulares como cúmulo de voces legitimadas por la comunicación social "plural", debe estar presente en la definición que los comunicadores hagan de su oficio, y del equilibrio necesario en el ejercicio del mismo. La lucha por la libertad de expresión deja así de ser una lucha de los medios o de ciertos medios frente a las aspiraciones de control e injerencia del poder público; se extiende y hace más vigente incluso contra aquellos que contribuyen al monopolio de la política de la imagen y la información, que demonizan a las mayorías por su carácter de adversario político y entronan las aspiraciones excluyentes de grupos minoritarios del privilegio – después de haber desplegado un colosal operativo para legitimar sus intereses como representativos del conjunto de la colectividad, y para alistar al conjunto de sectores descontentos con la gestión de gobierno en la gesta antidemocrática.
Hacer proliferar los emisores, las imágenes, las informaciones contrapuestas, los caminos atravesados de la información como el rumor, la conversa de vereda, el correo electrónico o el simple diálogo – diálogo real, no imposición – es acaso un elemento imprescindible del dispositivo necesario para responder a las maniobras masivas de los monopolios informativos.
Para responder así a sus aspiraciones políticas de exclusión, maquilladas tras la sonrisa del comunicador que dice estar al servicio de la verdad.
Para poder construir un escenario de plausible democratización de las comunicaciones – más allá del discurso legitimador de la libertad de expresión, más allá de la efectividad censora de las instituciones liberales que la defienden en cuanto privilegio, a partir de la institucionalidad jurídica construida desde el discurso racionalista del poder ilustrado, del poder excluyente que cuestionamos desde la radicalidad de la justicia social como proyecto de posibilidades y no como discurso negador de las transformaciones.
Desde ese mismo escenario real de las posibilidades, desde la apuesta imprecisa y desbordante por la democracia radical insurgente que rompió aguas el pasado 13 de abril en un parto de dolor y júbilo, para vergüenza de la verdad de los medios y de quienes la fabrican y se identifican con ella: para el desenmascaramiento de los privilegios de expresión disfrazados de libertades. Para el enriquecimiento de la historia de los pueblos y sus aspiraciones de emancipación, para la conquista progresiva de la libre comunicación como realidad transversal a todos los momentos, a todos los nodos y foros y botiquines en que nos relacionamos como seres críticos, como actores reales, para superar la virtualidad progresivamente criminal de la mediatización totalitaria de los consorcios mediáticos de la sociedad excluyente. En definitiva, para desenmascarar los discursos legitimadores del privilegio, como paso necesario para la efectiva democratización de las comunicaciones, para la construcción de un modelo progresivo de liberación de la comunicación social de masas, de colectivos, de individuos, de gritos y susurros: liberación al fin de las voces de todas las dignidades.