España: ¿Cuáles son las razones para que exista la inmigración Sin Papeles?
Boletín sin papeles Inmigración y Globalización
Inmigración y globalización van de la mano, y su relación
es tan estrecha que sorprende que se pase de puntillas sobre una de las consecuencias
más palpables de un proceso social, político y económico
que está construyendo categorías distintas de personas, convirtiendo
a los y las trabajador@s inmigrantes en simples mercancías sometidas a
regulaciones, limitaciones y aranceles propios del mercado, muy alejados de las
convenciones internacionales que reconocen unos derechos esenciales a todo ser
humanos por el simple hecho de serlo.
Ante un mundo presentado como global, en términos económicos, comerciales,
tecnológicos, ideológicos y comunicacionales, cuando se eliminan
progresivamente las limitaciones a la libre circulación de capitales y
mercancías, se están convirtiendo las fronteras de los países
occidentales en muros inexpugnables para los más pobres, vulnerando con
ello un derecho tan básico como la libre circulación de personas,
entendido como la posibilidad de cualquier ciudadano de este mundo a poder desarrollarse
como ser humano en el país de su elección. Así, mientras
se articulan medidas conjuntas en defensa del proceso de globalización,
por el contrario se vienen emprendiendo todo tipo de iniciativas que cuestionan
los derechos más básicos y elementales de estas personas inmigrantes.
La política de inmigración que se viene desarrollando en el Estado
español es un buen ejemplo del grado de confusión y caos al que
se puede llegar, junto a una utilización partidista y de desprecio hacia
el inmigrante, como sujeto social e histórico.
En nuestra sociedad, los inmigrantes son actualmente objeto de una construcción
política y social que vuelca contra ellos todo tipo de discriminaciones,
incomprensiones e injusticias, impidiéndoles la simple consideración
de ciudadanos por el único motivo de querer escapar del horror de sus países
para emprender una nueva vida en un país distinto al suyo. El Estado español
y el conjunto de países occidentales, que con frecuencia denuncian el incumplimiento
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que comenten otros países
para justificar así políticas intervensionistas, olvidan respetar
ellos mismos muchos de sus artículos, entre otros el artículo 13,
que recoge el derecho de toda persona a "circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de cualquier Estado", impidiendo que los inmigrantes, como personas,
puedan acogerse al espacio de libertad, seguridad y justicia que los países
occidentales afirman querer construir y defender. Una nueva categoría de excluidos
Los países de la UE y a la vanguardia de ellos el Estado español,
están construyendo su bienestar negando la simple consideración
de ciudadanos a las personas que se sitúan más allá de su
mundo desarrollado, tecnológico y de consumo. Para ello han construido
todo un entramado legal y social que desde la discriminación más
palpable restringen el principio básico de la libre circulación
de personas, limitan e impiden incluso el derecho de refugio y asilo, que afecta
a millones de personas en todo el mundo, víctimas de conflictos armados,
guerras civiles o que sufren persecución por motivos políticos,
de raza, religión o nacionalidad. Valga como ejemplo el dato que los países
desarrollados han negado en los dos últimos años más de cinco
millones de solicitudes de asilo, situándose el Estado español a
la cabeza en estas limitaciones, ya que en el último año concedió
el estatuto de refugiado únicamente a 370 personas, mayoritariamente cubanos
y ecuatoguineanos.
Sin embargo, estos mismos Estados necesitan de una fuerza de trabajo básicamente
para sectores laborales determinados e inexistente en sus propios países,
para lo cual han puesto en marcha un complejo mecanismo de control policial de
fronteras, el Acuerdo Schengen y su Convenio de Aplicación, que propicia
la discriminación hacia los ciudadanos de países pobres, otorga
un poder desproporcionado a las fuerzas de seguridad y favorece sentimientos de
rechazo y discriminación hacia las personas a las que se les aplica.
En el Estado español son muchos los "nichos" laborales que se mantienen
gracias a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes que son empleados con frecuencia
en condiciones lamentables, existiendo toda una geografía del empleo para
inmigrantes (por ejemplo: el calzado en Elche, la naranja en Valencia, el tomate
en Torrepacheco de Murcia, la aceituna en Jaén, la fresa en Huelva, los
invernaderos en Almería, el cuero en Logroño o el trabajo doméstico
en barrios residenciales de Madrid y otras capitales españolas). Inmigrantes sin papeles, los parias de la tierra
En la medida en que los flujos migratorios son una realidad imparable cuya significación
histórica y social no somos capaces de comprender, toda la construcción
policial y social que Occidente viene desplegando contra los inmigrantes ha propiciado
la existencia de dos elementos tan perversos como rechazables: la existencia de
poderosas mafias que han hecho del tráfico de personas un suculento negocio,
y que en la frontera sur de Europa que encarna Andalucía, ya se ha comprobado
en múltiples ocasiones sus vinculaciones con los cuerpos policiales de
seguridad de fronteras (especialmente la Guardia Civil); junto a la existencia
de personas indocumentadas que tienen que vivir escondidas, en la clandestinidad,
sin posibilidad de regularizar su situación y a las que se les niega su
propia existencia: los sin papeles.
Los inmigrantes sin papeles constituyen la máxima expresión del
cinismo democrático de las sociedades occidentales, capaces de desplegar
un aparato legal que protege las materias más insospechadas, desde las
condiciones de vida de las gallinas ponedoras hasta las partículas de humo
de cigarrillo que unos pulmones humanos deben de tolerar para estar sanos. Sin
embargo, niegan algo tan básico como la documentación, por tanto
la simple existencia de millones de personas que han llegado a los países
europeos eludiendo los sofisticados controles policiales desplegados en todas
sus fronteras, así cada vez más militarizadas (en el Estado español,
la policía de fronteras, tarea desempeñada por la Guardia Civil
es un cuerpo militar). Y esa negativa a reconocer la existencia de estas personas
constituye en sí mismo una de las mayores violaciones contemporáneas
de los derechos humanos, ya que construye una clase social nueva en las ciudades,
muy por debajo de los más marginados. Los inmigrantes sin papeles ocupan
el último escalón de la marginación social, marginados entre
los marginados, tienen que vivir escondidos huyendo de una expulsión segura
que durante cinco años les impediría volver a entrar en cualquier
país Schengen. Pero como personas, tienen que sobrevivir, desempeñando
los trabajos más duros, en las situaciones más penosas y en condiciones
laborales de sobreexplotación (son presa de empresarios explotadores deseosos
de poder contar con mano de obra sumisa, sin derechos laborales y necesitada de
dinero).
Todos los países europeos se sostienen gracias a una bolsa de inmigrantes
sin papeles cuya presencia social e incidencia económica adquiere dimensiones
surrealistas. En el Estado español se reconoce por parte del Ministerio
del Interior la existencia de entre 200.000 y 300.000 personas sin papeles, y
lo hacen sin el más mínimo rubor. Tiene la osadía de autorizar
un contingente de 30.000 personas, cuando el número de solicitudes reales
es de 90.000 y además firman acuerdos de contratos a origen (trabajadores
que vienen, trabajan y se van) mientras aquí no permite procesos de regularización
para las personas que aquí viven. Todo ello hace de estas personas sujetos
ideales para el rechazo social; condenadas a vivir en la marginalidad, les negamos
su capacidad de autonomía personal y al mismo tiempo las convertimos en
víctimas propicias de las redes de explotación, algo que cobra especial
fuerza en el caso de la mujer inmigrante, a la que se sitúa en un grado
extremo de vulnerabilidad. Inmigrantes en Andalucía
Andalucía -en número de inmigrantes documentados- es la tercera
Comunidad Autónoma, tras Madrid y Catalunya. La situación geográfica
de esta comunidad nos sitúa como una de las fronteras sur del mundo desarrollado,
y esto la hace protagonista de una fuerte presión migratoria. Es fácil
observar lo anteriormente indicado a través del terrible drama al que están
sometidos los inmigrantes que cruzan el Estrecho en pateras (naufragios, hipotermia,
represión policial, deportaciones, reclusión en centros de internamiento
o muerte en el peor de los casos).
Pero analicemos ahora la situación de los inmigrantes en nuestra Comunidad
Autónoma. Las tres provincias andaluzas en las que se concentra en grueso
de la demanda de inmigrantes para las faenas agrícolas son en este orden
Almería, Huelva y Jaén, en relación con tres procesos productivos
bien diferenciados: las frutas y hortalizas en los invernaderos almerienses (zona
del Poniente almeriense), el cultivo de la fresa onubense (comarcas del Condado
y Litoral de Huelva) y el olivar jienense (comarca de La Loma-Las Villas) dedicado
a la producción de aceite.
Para la mayoría de trabajadores inmigrantes la situación laboral
es de períodos de paro forzado que se alterna con otros de precariedad
laboral. Su reclutamiento se encuentra sujeto a diversas coyunturas como las variaciones
del mercado y la necesidad de los propietarios en relación al incremento
del ritmo de la recolección o el despido de algún trabajador.
En Almería, es fácil constatar como se ha producido un cambio en
la relación entre la oferta y la demanda de trabajo, de forma que el incremento
de la oferta ha sido mayor que el de la superficie invernada, produciéndose
en la actualidad un aumento de la precariedad laboral y falta de inserción
social y, consiguientemente un agravamiento de las ya de por sí conflictivas
relaciones sociales. Las campañas en Almería suelen durar un promedio
de nueve meses (septiembre-junio para la plantación y recolección
como periodos de mayor actividad y febrero-marzo como de menor actividad) esta
producción tempranera no tiene competencia en los mercados europeos, con
lo que se obtienen sustanciosos beneficios empresariales y el gobierno español
con su política restrictiva en facilitar la mano de obra necesaria y documentada
ha sido el mejor aliado de los empresarios en mantener un mano de obra barata
e indefensa, en condiciones de marginalidad, para ser sobre-explotados. En el
ámbito de inmigración podríamos definir Almería como
la provincia sin ley de este país.
La inmigración en la provincia de Jaén es mucho más reciente
en el tiempo. Se empieza a constatar la presencia de marroquíes en la agricultura
del olivar a comienzos de los noventa, aunque no alcanza cierta visibilidad hasta
la campaña 93/94. Existe un sobrepeso de la población activa agraria
cuyo excedente (temporal) no llega a ser absorbido por los sectores industrial
(una parte importante asociada al olivar) y servicios. Esto explica tanto la persistencia
de la inmigración como el importante número de prestaciones de desempleo
agrario en la provincia. Nos encontramos con la paradoja de que mientras en la
campaña del olivar es necesario "importar trabajadores", una vez finalizada
la misma la zona deviene en exportadora de jornaleros agrícolas para diversas
campañas en el interior y en el exterior del Estado.
En Huelva, asistimos a la presencia de 11.000 inmigrantes (datos estimativos del
informe de la Defensoría del Pueblo Andaluz) durante los meses de campaña,
en su mayoría tradicionalmente han sido "sin papeles". Los inmigrantes
van a trabajar en condiciones deplorables, sin ningún tipo de fiscalización
por parte del Estado de los campos de fresa (una gran parte de estos campos incluso
son ilegales -no declarados como campos de cultivo de fresa en sus registros correspondientes),
en un porcentaje muy importante estos trabajadores están sin alojamiento
ni vivienda.
En Andalucía no solo existen estas tres grandes campañas agrícolas,
sino que también hemos de contar con la recogida de la aceituna en Córdoba,
la vendimia de Jerez, la recogida de aceituna de mesa en Sevilla, etc...
Desde los ochenta, las necesidades de mano de obra no han cesado, y en la década
de los noventa se han incluso intensificado en determinados sectores de producción.
En Andalucía, el principal sector empresarial que viene empleando a trabajadores
inmigrantes es la agricultura. Es una vergüenza que el sector agrario, sumamente
subvencionado por fondos del Estado y fondos europeos sea un campo de permisibilidad
absoluta para los empresarios en cuestión. Situación alarmante en Huelva
La provincia de Huelva es una de las que más sabe sobre la explotación
de manera infame de la mano de obra inmigrante durante la campaña fresera
que se repite año tras año en esas tierras.
La llamada campaña de la fresa, ha estado basada sobre la explotación
de trabajadores inmigrantes en condiciones de irregularidad -sin papeles- durante
los últimos años. La falta de cumplimiento del convenio del campo,
que ya de por sí es malo, y una clara estrategia de alianzas para la impunidad
en este sector, por parte de la Subdelegación del Gobierno (no olvidemos
que es el responsables de las Inspecciones de Trabajo) y los alcaldes freseros,
han permitido que esto llegase a términos de tercermundismo absoluto.
Durante la campaña del 2001, los jornaleros inmigrantes en la provincia
de Huelva protagonizaron, múltiples encierros en Lepe y en Huelva capital.
La consecuencia de estos fue la apertura de un proceso de regularización
extraordinario que concluyó con los permisos de residencia y trabajo para
aproximadamente unos 3.800 trabajadores inmigrantes en la provincia onubense.
Pero donde ya la locura empresarial empieza a tomar tintes de dramatismo absoluta
es cuando desde la Mesa Provincial de la Inmigración de Huelva (compuesta
por el conjunto de asociaciones empresariales freseras, los sindicatos CC.OO.
y UGT, la Junta de Andalucía, los Ayuntamiento freseros y la Subdelegación
del Gobierno) se planifica la puesta en marcha de acuerdos bilaterales firmados
por el gobierno del PP para cubrir las necesidades de mano de obra inmigrantes
en los campos onubenses. Es decir, mientras los antiguos trabajadores de campo
tras sus luchas y movilizaciones, consiguieron los papeles para poder trabajar
dentro de la legalidad, lo que ha sucedido es que sus puestos de trabajo han sido
ocupados por trabajadores que vienen con los contratos a origen (7.500 trabajadoras
provenientes de los países del Este de Europa, que vienen con contrataciones
realizadas de manera oscurantista en las capitales de sus respectivos países
de origen, trabajan durante la campaña y luego se vuelven a marchar).
Hasta 6.000 trabajadores agrícolas inmigrantes (con y sin papeles), se
han visto mal viviendo en asentamientos de plásticos en la periferia de
los pueblos de la fresa en la provincia de Huelva. Su condena recaía en
la posibilidad de trabajar sólo los días festivos y en las puntas
de producción en las cuales los empresarios freseros no tenían plantilla
suficiente para la recolección.
Hemos vivido en esta campaña agrícola, los mayores beneficios conocidos
por parte de los empresarios freseros onubenses, eso sí, a costa de la
explotación criminal de inmigrantes fundamentalmente magrebíes que
se han visto desplazados de los campos y rechazados socialmente de los pueblos
freseros cuya alta renta per capita han contribuido en otras campañas a
desarrollar. · PAPELES Y DERECHOS PARA TOD@S
· NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
· DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA BOTE DE RESISTENCIA INMIGRANTES: nº de cuenta:
2100.18.2730.0100297754 (LA CAIXA)
La vieja Europa
