Argentina: La lucha continúa

La Operación Cóndor, al descubierto en los papeles del Departamento de Estado

Secuestrados en Río de Janeiro y trasladados a Buenos Aires, dos montoneros asesinados
STELLA CALLONI CORRESPONSAL / LA JORNADA

Buenos Aires, 21 de agosto. Uno de los 4 mil 677 documentos sobre la pasada dictadura militar argentina, desclasificados y entregados ayer por Washington a Buenos Aires, confirma que dos dirigentes de Montoneros fueron secuestrados en Río de Janeiro y trasladados a este país, operativo que muestra la temible coordinación de las dictaduras en el contexto de la Operación Cóndor.
Los documentos del Departamento de Es-tado revelan que los militares argentinos que actuaron durante la dictadura (1976-1983), que dejó 30 mil desaparecidos y miles de muertos y exiliados, informaban a la embajada de Estados Unidos sobre detalles de la represión en todo el país, incluyendo detenciones, secuestros, centros clandestinos de reclusión, torturas y ejecuciones.
Y aunque Washington estaba enterado de estas prácticas, consideraba que el golpe de Estado del 24 de marzo había sido el "mejor ejecutado y el más civilizado" en Argentina, según revela otro de los documentos, citado por el diario Clarín.
En uno de los documentos que muestran que el Departamento de Estado tenía conocimiento del plan Cóndor, Jayme Blystone, oficial de la embajada estadunidense, da detalles de una reunión mantenida con una fuente argentina el 2 de abril de 1980, quien le contó cómo Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock, de Montoneros, fueron capturados en Brasil por oficiales del Batallón 601, para ser traslados al centro militar argentino de Campo de Mayo, y luego en-grosar la lista de los miles de desaparecidos.
La misma fuente hace revelaciones sobre otros montoneros secuestrados cuando in-gresaban al país por vía terrestre desde Paraguay, Uruguay y Brasil: "Los servicios de seguridad argentinos tendieron una trampa para capturar a 12 miembros. La policía lle-vó a cabo procedimientos de control de do-cumentación y drogas en la terminal de om-nibuses de Buenos Aires, y los servicios de inteligencia fueron capaces" de detener a los montoneros, dice el informe de Blystone.
"Una vez que el miembro montonero era identificado, la policía solicitaba controlar su documentación, le aconsejaba al individuo ir a la estación de policía por cuestiones judiciales de rutina. Una vez que el guerrillero era introducido al automóvil para el traslado a la estación, la inteligencia militar tomaba el mando y transportaba al montonero a la cárcel secreta de Campo de Mayo", añade.
La cárcel secreta de Campo de Mayo
También refiere cómo "la inteligencia mi-litar argentina (601) se contactó con su similar de inteligencia brasileña para solicitar permiso para realizar un operativo en Río de Janeiro y capturar a dos montoneros que llegaban desde México. Los brasileños otorgaron el permiso y un equipo especial argentino viajó por la vía aérea bajo el comando del teniente coronel Román a Río de Janeiro en un C-130 de la fuerza aérea".
Describe después que los dos guerrilleros fueron llevados a "la cárcel secreta del ejército en Campo de Mayo" y que los "montoneros de México (refugiados) fueron capturados vivos (...) los argentinos que no querían alertar a los montoneros que habían realizado una operación en Río, utilizaron a una mujer y un hombre para registrarlos en un hotel empleando los documentos falsos obtenidos de los otros dos montoneros ca

pturados, y de esta manera dejaron rastros" de que éstos habían llegado desde México
Un memorándum de Seguridad Regional de la embajada tiene detalles del secuestro, que servirá para ampliar la investigación del juez Claudio Bonadío por el plagio y desaparición en 1980 de unos 20 montoneros.
El investigador Carlos Osorio presentó en 2001 al Departamento de Estado una cronología de violaciones de derechos humanos en Argentina para tratar de buscar documentos claves en ese país, proceso que terminó en agosto de ese año, pero los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos retrasaron la entrega de los documentos reclamados por el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Algunos analistas criticaron que Washington hubiera retenido informaciones que indican la relación de la CIA, la FBI y el Pentágono con los militares argentinos.
La entrega de los documentos ayer provocó expectativas por una parte y por otra advertencias sobre versiones que indicarían una fuerte presión de Estados Unidos para que Argentina se comprometa con la política de ese país en materia de desautorizar a la Corte Penal Internacional y a no juzgar a estadunidenses involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Cuando Osorio realizó sus investigaciones dijo que los archivos del Departamento de Estado "proveen una cronología vívida de una campaña de contrainsurgencia masiva e indiscriminada," aunque destacó que los documentos de la CIA o el Pentágono no entraron en esta desclasificación.
Además de confirmar procedimientos de la Operación Cóndor, en los papeles hay descripciones de secuestros realizados por el Batallón de Inteligencia 601 del ejército (también comprometido con la CIA en la guerra de la contra en Centroamérica), varios de cuyos integrantes, junto al ex dictador Leopoldo Galtieri, fueron detenidos en el contexto de la causa que investiga Bonadío.
Hay cables de la embajada estadunidense sobre las tácticas extrajudiciales o de guerra sucia practicadas en este país, porque "las fuerzas de seguridad ni confían ni conocen cómo utilizar soluciones legales," y porque "bajo las reglas actuales nadie es oficialmente responsable por las ejecuciones". Otro memorando cita que algunos militares creían que "aún los inocentes debían ser sacrificados si corría peligro el sistema".
En 1979, la embajada estadunidense envió copias de unos 10 mil casos de violaciones a los derechos humanos y desapariciones en este país, lo que confirma que Washington conocía todo lo que estaba sucediendo.
También la documentación revela las difíciles relaciones entre los militares y el ex presidente Raúl Alfonsín, aunque el ex presidente Fernando de la Rúa es visto como un "defensor" de la junta militar.
Otros informes indican que en mayo de 1978 la embajada de Estados Unidos informó a su gobierno sobre la utilización de torturas en "interrogatorios de terroristas sospechosos", y especifica que los informes sobre esto habían disminuido, "no porque haya de-saparecido" ese método, sino porque "había menos operaciones (de secuestros) ya que el número de subversivos ha disminuido".
Hay que recordar que para entonces miles ya habían desaparecido. En referencia a los métodos, la embajada se refiere a inyecciones de sodio pentotal, golpizas, descargas eléctricas, el submarino (inmersión en el agua) y el teléfono (un golpe simultáneo en ambas orejas con las manos ahuecadas).
En 1980, dice otro informe, "el gobierno argentino reconoce aproximadamente 3 mil 400 prisioneros en virtud del estado de sitio, detenidos a disposición del Ejecutivo. Arrestos y desapariciones continúan, aunque no en la escala masiva de los pasados dos años".
Un informante secreto que se hacía llamar Jorge Contreras daba cuenta de los centros clandestinos de detención y de la coordinación de las operaciones secretas entre los distintos organismos mediante las "fuerzas de tarea" del Batallón 601.
Pero, según otro cable citado aquí, la embajada reconoce que "los mejores intereses para Argentina y para nosotros descansan en el éxito de este gobierno moderado".