Correpi

El terrorismo de Estado está plenamente en vigencia. Figuras despreciables, aparatos represivos, métodos, los servis, la CIA, los aprietes, los asaltos a tiros y botazos, los crímenes, la tortura, todo asomó el miércoles 26: dos compañeros asesinados -Darío Santillán, de 21 años y Maximiliano Kosteki, de 25-, decenas de heridos, 160 encarcelados, los cuatro cuerpos de "seguridad" (policía bonaerense, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) bajo mando del poder político desparramando plomo, gases, palos, muerte en Avellaneda y en un radio que llegó hasta Lanús, irrupción policial en la sede del Partido Comunista en Izquierda Unida, medios masivos de comunicación que se apresuraron a mentir hasta el ridículo a través de periodistas que no son tales sino simples operadores al servicio del poder represor (Hadad, Feinmann, Laje, Grondona, Gustavo Silvestre, Valenzuela, Llamas de Madariaga...) dedicados a desinformar.
El lunes 1 de julio, los compañeros de la Coordinadora Anibal Verón en cuyas filas militaba Darío, testigos de la masacre de Avellaneda y los abogados de la Correpi ofrecieron en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre una conferencia de prensa. En la oportunidad, dirigentes de la Anibal Verón abrieron la presentación en público de los que testificaron ante la Justicia, con algunas definiciones:
"Lo ocurrido en Avellaneda y alrededores es una obra maestra bien planificada destinada a reprimir al pueblo porque ni el FMI ni el gobierno darán soluciones a los reclamos de los trabajadores, por lo tanto, estamos ante una escalada represiva como única respuesta"( Juan Cruz Dafuncio).
"Vamos a seguir marcando el repudio al asesinato de nuestros compañeros. Tenemos que estar cada vez más unidos contra este totalitarismo que se esconde detrás de la silueta de un cabezón" (Angel Ibáñez).
Tres cosas han quedado en claro en esta conferencia de prensa: la responsabilidad de los asesinatos y de la brutal represión es del poder político, del gobierno nacional y del provincial; la única respuesta que el pueblo no puede dar es el repliegue y la desmovilización, y que aun después de la masacre del miércoles y de los dichos del gobierno acerca de que no habrá impunidad, los grupos de tareas han seguido amenazando e intimidando.
En tal sentido, se denunció que en varios puntos del cordón del Gran Buenos Aires coches sin patente con personal de civil advierten a referentes del movimiento piquetero que "se salvaron del puente, pero no se van a salvar de la que viene".
El jueves Julio Talavera, de Hijos, querellante en el caso de los asesinatos de diciembre, fue amenazado de muerte con pistolas 9 mm por dos individuos en la localidad de José C. Paz.
Y el colmo de la impunidad se verificó el domingo por la noche: cuando los dirigentes de las once secciones de la Coordinadora Aníbal Verón, junto a los abogados y testigos de los crímenes, estaban reunidos en Florencio Varela organizando la conferencia de prensa, un helicóptero sin identificación -sí, un helicóptero- sobrevoló a bajísima altura sobre el techo de la casa y con potentes reflectores iluminó el lugar en evidente actitud intimidatoria.
Puntualizaciones
Los abogados de la Correpi informaron sobre la marcha del proceso que se inicia y en una declaración pública hicieron las siguientes puntualizaciones:
1- La represión en Avellaneda estuvo precedida por mensajes amenazantes desde los más altos niveles del poder político nacional respecto de la intolerancia que habría a cualquier intento de corte de ruta o similar. Se nos argumentó que la debilidad política del gobierno de Duhalde no le permitía el costo de un incremento represivo a sangre y fuego. Respondimos que la realidad muestra que el aparato represivo es el único sector del Estado que crece día a día. También advertimos que las campañas mediáticas contra la "inseguridad" eran parte de la búsqueda de consenso en la sociedad, de manera que al relegitimar a las fuerzas de seguridad la próxima represión fuerte a la protesta social "pasara" sin reacciones populares.
2- El operativo monstruo multifuerza del 26 de junio coordinó tres agencias nacionales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) y una provincial (policía bonaerense), sin dudas bajo la dirección unificada del gobierno nacional, ya que es impensable que los efectivos federales se subordinaran a los bonaerenses. En todos los cortes los efectivos eran de las cuatro fuerzas, pero tal como lo previmos, la represión masiva fue focalizada en el puente Pueyrredón, que reúne las características de ser el lugar de mayor concurrencia de manifestantes y donde hegemonizaban los sectores a estigmatizar como "los violentos".
3- Junto al operativo de intimidación previo y al operativo de represión del 26 de junio se planificó otra operación, esta vez de prensa. El 95 por ciento de los medios se alinearon junto al gobierno, señalando la existencia de "internas piqueteras", dando pleno crédito a la versión oficial ("no usamos otras armas que postas de goma y tonfas", "escuchamos disparos de armas de grueso calibre que no llevábamos nosotros", "nos agredieron a propósito", etcétera). Se instaló a través de casi todos los comunicadores sociales que los manifestantes destruyeron comercios pequeños y automotores y que "se mataron entre ellos". Se intentó un rápido y uniforme consenso para legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad, incluso frente a vidrieras de bancos extranjeros rotas.
4- Repitiendo la maniobra de De La Rúa luego del 20 de diciembre, el gobierno salió a denunciar un complot para desestabilizarlo, y a través del ministro de Justicia, Vanossi, se pidió al procurador Becerra investigar a los dirigentes de las organizaciones convocantes por la posible violación a la Ley de defensa de la democracia. Como vocero oficial de los hechos eligieron al mismo comisario que luego sería identificado como autor material de uno de los homicidios. Mientras tanto, Lavagna quizás agitaba en Washington el fantasma de la posible subversión si la miseria sigue aumentando, (y de lo efectivo que es el gobierno para poner en caja a los que protestan) como argumento para conseguir prórrogas a los vencimientos de este año de la deuda.
5- Simultáneamente, y a pesar de la prescindencia -en el mejor de los casos- de los sectores gremiales burocráticos y de desocupados "no violentos", el mismo jueves por la tarde una multitud dio la mejor de las respuestas a la represión, movilizándose en ese marco de macarthismo instalado.
6- Para antes del inicio de la marcha, ya teníamos certeza de cómo había muerto Darío Santillán y los medios de comunicación empezaron a dar la vuelta campana: confrontados con las fotos independientes que su autor puso en nuestras manos y con el material que ellos mismos deliberadamente tergiversaron u ocultaron el jueves 27 (caso Grupo Clarín y Crónica TV), tuvieron que titular lo contrario al día siguiente. Si, como dijo Página/12, "El gobierno quedó en ridículo con sus acusaciones a los piqueteros", todos los medios también. Ni uno ni otros "se equivocaron inocentemente", ni "creyeron mentiras de un policía malísimo". Simplemente, se les estropeó el estofado y se quemaron con la salsa que habían preparado.
7- Ante el fracaso de su "plan A", pusieron en marcha el "plan B", rotando la autoría del complot a "la interna policial", la "interna peronista", "la mano negra de Menem", etcétera. El presidente Duhalde habló de "atroz cacería" y comparó los hechos con el asesinato de José Luis Cabezas y el 20 de diciembre, que según su interpretación y la de De La Rúa respectivamente, fueron operaciones montadas para desprestigiarlos y apartarlos del poder. El gobierno nacional le tiró la papa caliente al gobernador Solá y su policía (total, ¿qué le hace una mancha más al tigre?), intentando incluso ahora la historia del "loquito suelto", el comisario enojado porque lo habían lastimado en el cuello. Sin embargo, tenemos pruebas de que no sólo la policía provincial usó proyectiles de plomo, y que no sólo en la estación Avellaneda se disparó a matar. También tenemos información verificable de patrulleros desde los que se apedrearon comercios minoristas y autos, y de aportes extraordinarios de insumos médicos al hospital Fiorito, que hacía meses no recibía ni una curita, como si tuvieran que prepararse para ser desbordados de heridos.
8- De todo lo anterior se desprende que este no fue un ataque específico a una organización, sino al conjunto de los sectores más avanzados en su enfrentamiento con el sistema, lo que incluye a los compañeros de la Coordinadora Aníbal Verón, mediante una gran operación político-mediático-militar que religitimará el aparato represivo del Estado y estigmatizara un amplio espectro popular.