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Medio Oriente

14 de agosto del 2003

República Democrática del Congo: Detengamos la masacre

Ania.
Recibido de Amnistia Internacional

Amnistía Internacional lanza una Petición Urgente a través de internet para evitar las graves violaciones de derechos humanos en la zona.

Desde hace cinco años se está librando una gran guerra en la República Democrática del Congo (RDC) que constituye una catástrofe humanitaria sin precedentes en África Central. Actualmente, la situación que se vive en Ituri, al este de la RDC, es claramente devastadora..
El conflicto arroja ya un balance de víctimas civiles superior a los tres millones personas, dos millones de refugiados y desplazados, así como graves violaciones de derechos humanos, como la utilización y movilización de niños soldados, y destrucciones de infraestructuras básicas para la supervivencia de la población..
En este conflicto se ven implicados directamente los gobiernos de la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda que favorecen la violencia a través de su respaldo a los grupos armados responsables de estos actos..
También numerosas multinacionales occidentales tienen responsabilidades en la zona. La RDC es un lugar muy rico en recursos naturales como el oro, los diamantes, el wolframio, el cobalto, la casiterita o el coltán (material fundamental para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores y otros aparatos electrónicos) y muchas de estas empresas se disputan la obtención de estos materiales negociando con las partes enfrentadas..
Según ha podido saber Amnistía Internacional, compañías, en su mayor parte de Occidente, de extracción, procesamiento y comercialización de minerales, de industrias químicas y madereras, aéreas, bancos, empresas de seguridad y un largo etcétera han contribuido con ingresos o servicios a las facciones beligerantes como pago para operar en la zona, o bien han adquirido directamente a las partes combatientes los materiales y minerales deseados..
Además, hay que señalar los enormes beneficios que arroja el comercio de armas a través de, otra vez, empresas occidentales, que sirven a las partes beligerantes y que alimentan el conflicto frente a la pasividad internacional..
A través de su página web, www.a-i.es , Amnistía Internacional pone en marcha una petición urgente para el envío de cartas a los presidentes de Gobierno de los países implicados en el conflicto solicitándoles el respeto a los derechos humanos y normas internacionales que los garantizan, así como que pongan fin a su implicación en el conflicto..
Demandas de Amnistía Internacional .
* La organización de derechos humanos ha pedido reiteradamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorice el despliegue de una fuerza de reacción rápida para proteger a los civiles en Ituri, ya que de momento la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática en el Congo (MONUC, por sus siglas en inglés) con presencia en la RDC desde mayo pasado ha sido incapaz de dar la debida protección a la población. Este despliegue aseguraría la llegada efectiva de ayuda humanitaria, algo que hoy no está garantizado..
* La organización solicita a los Gobiernos y a los Grupos armados implicados en el conflicto que finalicen con el reclutamiento y el uso de niños soldados, así como su cooperación con todas las iniciativas para desmovilizar a estos niños..
* Amnistía Internacional también pide que los perpetradores de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia. Por ello, acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de comenzar a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en Ituri a partir de julio de 2002, fecha de inicio de las competencias de este Tribunal..
* En cuanto a las empresas, Amnistía Internacional recuerda que las multinacionales no pueden tener sólo obligaciones legales respecto de sus trabajadores, proveedores y clientes y carecer de toda responsabilidad para con las poblaciones y comunidades sobre las que su actividad incide directamente y cuyos derechos humanos se encuentran dramáticamente amenazados. A esta responsabilidad social ha de corresponder una obligación legal de rendir cuentas de las correspondientes actividades.