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Latinoamérica

ARMAS DEL EJERCITO EN GRAVE MONTAJE REPRESIVO DEL GOBIERNO

Asunción 20 de julio de 2003.
RESUMEN
El miércoles 16 de julio, en el Departamento de San Pedro, la fiscalía realizó un sorpresivo allanamiento en una pequeña granja campesina. Luego de tres horas del supuesto allanamiento, convocaron a la prensa para informar del supuesto hallazgo de un arsenal bélico y planes de levantamiento armado guerrillero, además de numerosos libros de izquierda entre ellos obras del Che Guevara.
El operativo se realizó en el marco de una cuestionada persecución fiscal a líderes del Partido Patria Libre (PPL) que en enero del 2002 fueron secuestrados y torturados acusados de supuesto accionar terrorista coordinados con las FARC de Colombia. La intervención fiscal en San Pedro se dio, según dijeron los fiscales, para detener a personas que ellos vinculan con Patria Libre y a quienes acusan de ser partícipes de un supuesto secuestro extorsivo.
LA PRENSA PUSO EN DUDA LA VERSION FISCAL Inmediatamente al conocerse las primeras noticias, las sospechas se levantaron públicamente contra los fiscales. La pequeña granja está ubicada sobre una ruta principal y según los fiscales quienes habitaban el lugar huyeron luego de un enfrentamiento a tiros. Cayó asesinado por la policía un albañil que trabajaba en el lugar y que según los vecinos ni siquiera enfrentó a la policía.
Llamó la atención de periodistas que el armamento encontrado -varias ametralladoras de viejos modelos del ejército y municiones y granadas de mano que no son de circulación comercial sino de uso exclusivo de las FFAA- no fuera usado por quienes supuestamente se encontraban en el lugar para repeler la acción policial. Además, de tratarse de una base de operaciones guerrillera, no se explica cómo estaría ubicada en una casa sobre la ruta principal e internacional donde es totalmente vulnerable al conocimiento del público y a toda acción de los organismos de seguridad del Estado.
La supuesta aparición de ³libros y textos marxistas² reforzó las sospechas de un montaje de los fiscales que están organizados en torno al Fiscal General del Estado Oscar Latorre Cañete, directo implicado en graves hechos de Terrorismo de Estado contra líderes de Patria Libre, denunciado y sometido a Juicio Político por el mismo Parlamento Nacional.
Los fiscales además señalaron que luego del ³enfrentamiento² habría huído del lugar Víctor Colmán, dirigente de Patria Libre y ex candidato a Gobernador del Departamento de San Pedro, lo que inmediatamente fue desmentido por líderes campesinos de la zona y periodistas de la Radio Ñasaindy de la ciudad de Santana donde se encontraba realizando diversas tareas el citado líder político.
FISCALES METIERON PRESUROSOS TRES GRANDES BOLSONES Y LUEGO CONVOCARON A REUNION DE PRENSA EN EL LUGAR, DENUNCIO CARMEN VILLALBA.
La única detenida en el lugar, Carmen Villalba, estaba en compañía de sus dos pequeños hijos. La misma está acusada de haber participado en un plagio en el cual la fiscalía desde hace año y medio pretende atribuir sin prueba alguna a varios líderes de Patria Libre.
Carmen Villalba señaló que los fiscales entraron a la pequeña granja con tres grandes bolsones, acomodaron y montaron las armas y el escenario y luego convocaron a los medios de prensa. Denunció que no hubo ningún enfrentamiento y que en el lugar no habían armas, que las mismas fueron implantadas por la intervención fiscal. Carmen Villalba pertenece a una numerosa familia de dirigentes de organizaciones sociales del Departamento de Concepción y su madre es líder de organizaciones de mujeres. Le implicaron en una causa fiscal contra líderes de Patria Libre por el hecho de que uno de ellos la visitó años atrás en una penitenciaría para acercarle encomiendas de sus familiares, lo mismo que a su marido Alcides Oviedo, un ex seminarista religioso simpatizante de la Teología de la Liberación.
LA CAUSA FISCAL CONTRA LIDERES DE PATRIA LIBRE CARECE DE CREDIBILIDAD Y FISCALES PUEDEN SER SOMETIDOS A PROCESO POR TERRORISMO DE ESTADO.
Una causa de neto contenido de persecución política e ideológica se inicio el 17 de enero de 2002 contra líderes del enconces Movimiento Patria Libre, hoy constituído en partido político.
En esa fecha fueron secuestrados y brutalmente torturados Juan Arrom y Anuncio Martí, y al ser rescatados ambos con vida el 30 de enero de una prisión clandestina en la ciudad de Villa Elisa quedó al descubierto la más flagrante operación de Terrorismo de Estado de las últimas décadas. También fueron constatados los hechos de torturas de los miembros de Patria Libre Víctor Colmán, Ana Samudio y Jorge Samudio.
Esto motivó la renuncia y procesamiento de dos ex ministros, la cúpula policial y el Servicio Nacional de Inteligencia Militar. El Parlamento Nacional condenó los hechos de Terrorismo de Estado, al igual que el Ministro de Justicia Diego Abente y la Corte Suprema de Justicia. El Fiscal General del Estado Oscar Latorre Cañete fue sometido a Juicio Político en el Parlamento, y aunque la moción ganó por mayoría faltaron 5 votos para completar los 2/3 y pasarlo a proceso judicial.
El mismo Presidente de la República Luis Angel González Macchi fue sometido a Juicio Político en febrero del presente año con el mismo cargo de Terrorismo de Estado por el secuestro y torturas de los líderes de Patria Libre.
EN MANOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ESTA PENDIENTE AVANCE DE JUICIO POR TERRORISMO DE ESTADO.
En la causa por Terrorismo de Estado están imputados por la fiscalía tres miembros de la banda de secuestradores y torturadores: Javier Cazal, brazo derecho del fiscal General del Estado Oscar Latorre; y los policías Gamarra y Schembori. Los tres casos están en manos de la Corte Suprema de Justicia por el hecho de que la fiscalía ­cómplice de los mismos- se negó a realizar la acusación para que sean sometidos a Juicio Oral y público. Si prospera una acción promovida por los líderes de Patria Libre ante la Corte Suprema, los mismos serán sometidos a Juicio a pesar de la negativa fiscal de realizar la acusación. Además están en la línea de enjuiciamiento los ex ministros de Justicia (Silvio Ferreira) del Interior (Julio Fanego), el Fiscal General (Oscar Latorre), el Presidente González Macchi y numerosos policías, militares y fiscales que fungen de autores materiales e intelectuales del secuestro y torturas de los líderes de Patria Libre.
EDITORIAL DE LA TELEVISORA CANAL 13 FUSTIGO DURAMENTE ACTUACION FISCAL.
La televisora nacional Canal 13 fustigó duramente y puso en duda toda la actuación fiscal en este nuevo hecho que se pretende utilizar como catapulta para una fuerte acción represiva contra organizaciones populares y campesinas y, en particular, para sostener la alicaída acusación fiscal contra los líderes del Partido Patria Libre. A medida que se profundiza la investigación de los hechos en San Pedro, un departamento muy sensible por la lucha campesina por la tierra, aumentan las sospechas de un grave montaje represivo del gobierno y la fiscalía general del Estado para echar una cortina de humo sobre los graves procesos y acusaciones que pesan sobre los mismos por Delitos de Lesa Humanidad.