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Latinoamérica

8 de mayo del 2003

Denuncias prácticas obstruccionistas de alcaldes a los comités de tierras urbanas

Isrrael Sotillo
María Geraldo, Comisionada Para la Regularización de la Tenencia de Tierras Urbanas, en el Estado Carabobo, denuncia prácticas obstruccionistas por parte del Alcalde de Naguanagua, Julio Castillo, en contra de los Comités de Tierras Urbanas.

"El burgomaestre de ese municipio, quien se ha desplazado de la izquierda al centro y por último a la derecha, pues, primero fue mirista, luego masista y ahora militante cabal del partido oligárquico Proyecto Venezuela, niega la importancia del Decreto 1.666, de fecha 04 de febrero de dos mil dos, y lo califica de demagogo", afirma Geraldo.

"Ese señor tiene cualidades de historiador acomodaticio, positivista; por eso, su sagacidad termina siendo tan sólo un referente de incongruencias intelectualoides. Castillo Zagarzazu, siempre ha sido un embaucador y politiquero profesional, y no quiere reivindicar el derecho de propiedad sobre esos terrenos que tienen una gran mayoría de compatriotas que viven en nuestras urbanizaciones y barriadas populares", añade la Comisionada del INTI, Cabe destacar que la Constitución Bolivariana garantiza la participación de todas y todos los venezolanas y venezolanos en los asuntos públicos, y este decreto es fundamental para garantizar la transparencia y horizontalidad de la democracia directa que se instauró en Venezuela a partir de la entrada en vigencia del nuevo Texto Constitucional.

"Lo invito a discutir conmigo, pero en el seno las propias comunidades naguanaguenses, la importancia de este decreto-ley. Lo que pasa, es que tanto, el alcalde, como el procurador del Estado y los concejales de Proyecto Venezuela en Naguanagua, distorsionan el contenido del instrumento legal regulador de los espacios urbanos, para beneficiarse exclusivamente ellos, y los de su tolda política. Si cree en la descentralización que tanto pregona… ¿porqué no activa la Dirección de Urbanismo y Catastro y le da aplicabilidad al decreto 1.666?, terminó preguntándose la funcionaria del Instituto Nacional de Tierras, Maria Geraldo