Las Organizaciones sociales y de Derechos Humanos, preocupadas por la situación cada vez mas grave que esta viviendo la comunidad del Norte del Tolima, comunicamos a la comunidad Nacional e Internacional nuestro RECHAZO ante la detención masiva de que fueron objeto dirigentes sociales y pobladores de diferentes municipios del Norte del Tolima..

HECHOS .

El 22 de Mayo de 2003, en horas de la madrugada en operativo del Gaula de la Policía Nacional, realizado en los Municipios de Villahermosa, Líbano, Honda y Mariquita fueron capturadas por orden de la Fiscalía General de la Nación desde Bogota 17 personas señaladas de tener vínculos con organizaciones insurgentes en esa región del país..
La versión oficial de los hechos, divulgada por diferentes medios de comunicación, justifican esta acción afirmando que "la Fiscalía General de la Nación inicio la investigación hace tres meses, y fue después de la recolección de algunas pruebas que se libraron 28 ordenes de capturas de las cuales ya se hicieron efectivas 17, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir (extorsión y secuestro)" (periódico Nuevo Día, 23 de Mayo de 2003)..
Las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos hemos denunciado en varias ocasiones los señalamientos proferidos contra comunidades de distintos municipios del Norte del Tolima, las cuales han sido tildadas en su conjunto como "colaboradores de grupos insurgentes que operan en la región"..
Estos señalamientos han facilitado el cometimiento de crímenes de lesa humanidad contra la población por parte de los grupos paramilitares, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, aniquilamiento de las organizaciones sociales de la región y destrucción del tejido social de la misma..
Pese a lo anterior el Estado Colombiano no ha realizado ninguna acción para proteger la vida e integridad física de sus pobladores; por el contrario se adelanta una arremetida del Estado Colombiano en cabeza del Presidente Alvaro Uribe Vélez, por medio de su política de persecución a pobladores de la región como el caso anteriormente denunciado, y se consolida el proyecto paramilitar contra la comunidad del Norte del Tolima..
Igualmente es importante resaltar que la judicialización y criminalización del personal hospitalario, por el cumplimiento de las actividades sanitarias, no es un caso fortuito, sino por el contrario, es un hecho que se viene acentuando y ya son innumerables los casos de miembros de la misión médica que son criminalizados por atender a heridos y enfermos sin discriminación alguna tal como lo impone el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y el principio de neutralidad que caracteriza a la misión sanitaria, este hecho se constituye en una abierta violación al derecho Internacional Humanitario por parte del Estado..
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/tolima1.html