Latinoamérica

El Capitalismo en su esencia y práctica política, económica, social y cultural, produce estados administrados por gobiernos fascistas, terroristas, mafiosos, mercenarios y autoritarios para garantizar la defensa de sus intereses de clase. Lo hace a costa de la explotación, expropiación, intimidación, chantaje, dolor, asesinatos selectivos e indiscriminados, calumnias y argucias contra los dirigentes populares de las organizaciones políticas de oposición defensoras de los intereses del pueblo trabajador, a las que finalmente califica cínicamente de "terroristas o narcoterroristas". Estos epítetos o calificativos es lo menos que pueden esperar los pueblos y las organizaciones revolucionarias de sus verdugos en el ejercicio del poder político Estos estados y sus gobiernos proceden así porque de otra manera son incapaces de mantener su dominio y privilegios de Casta gobernante en el poder, sobre los explotados ansiosos de libertades plenas con derechos políticos, económicos y sociales para vivir dignamente.
Los pueblos son las víctimas del terrorismo de Estado del Capitalismo, los que se expresan en asesinatos, desapariciones, torturas, exilios, desplazamientos, amenazas con indiscriminado terror para los dirigentes de los partidos y las organizaciones populares y de izquierda defensoras de los desposeídos y marginados por los representantes del Sistema Capitalista de la exclusión, el analfabetismo, la miseria, desnutrición y el hambre.
Es así como los Capitalistas históricamente han castigado y quieren seguir su bestial castigo con métodos brutales para los pueblos por atreverse a reclamar sus derechos a la vida, al trabajo bien renumerado, a la educación y salud gratuitas y eficientes, a la vivienda digna, a que los campesinos posean tierras fértiles con asistencia técnica y créditos baratos, con vías de comunicación y mercadeo de sus productos que asegure la venta y compra a precios justos.
Más severo es el látigo de los capitalistas contra los pueblos cuando estos habitan en países poseedores de importantes riquezas naturales representadas en petróleo, gas, carbón, oro, esmeraldas, agua dulce, oxígeno, con climas y tierras fértiles para producir los más variados productos alimenticios durante todo el año, además de contar con una privilegiada posición geopolítica y geoestratégica en el continente.
Ante la bárbara y despiadada represión política, económica, social y cultural de los capitalistas contra las legítimas aspiraciones y derechos de los pueblos a estos sólo les queda la opción de la lucha política organizada de las masas por sus reivindicaciones sin dejarse intimidar por las acciones armadas violentas de los ejércitos y la policía ni por los efectos que los enemigos buscan con calificativos de terroristas, bandidos, narcoterroristas o comunistas enemigos de la democracia, las instituciones legítimas y las leyes. Estas formas de la guerra son usadas por los estados terroristas del sistema ante el evidente desespero de perder la conducción y control de sus multimillonarios bienes.
En Colombia el Gobierno del Estado Terrorista, promulgado por las directivas de los partidos liberal-conservador, en 1928 masacró los trabajadores de las Bananeras; a partir de l948 a consecuencia de la guerra entre los jefes liberales y conservadores asesina a más de 300 mil colombianos entre hombres, mujeres y niños del pueblo; el Estado terrorista de Colombia asesinó en 1985 la Corte Suprema de Justicia; el diario El Tiempo de Bogotá registra un promedio de 15 masacres anuales cometidas por los paramilitares; este mismo Estado con su terrorismo causo el más grande genocidio de la historia con la muerte a manos de integrantes de sus fuerzas de seguridad de más 4.500 militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, entre los que contamos centenares de sindicalistas, campesinos y decenas de mujeres, jóvenes, niños, maestros, obreros, indígenas, intelectuales, distintos candidatos presidenciales, senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales, alcaldes, jueces y gente humilde de la población civil. Lo hicieron para criminalizar la protesta social y política, con lo que además forzaron al pueblo a utilizar las armas en su propia defensa y para luchar por sus derechos y convicciones políticas de clase explotada hasta construir la nueva Colombia, liderada por un Gobierno Pluralista, Patriótico y Democrático.

Con la finalidad de ilustrar mejor a nuestros lectores sobre la gravedad del origen del conflicto colombiano incluimos un artículo periodístico del Sociólogo Alfredo Molano Bravo.
Comisión Internacional de las FARC-EP Raúl Reyes
Montañas de Colombia febrero, 18 de 2003

" Terrorismo y terror "

Por ALFREDO MOLANO BRAVO

El terrorismo -lo ha dicho Chomsky- no es una ideología; no es de derecha ni de izquierda. Es un arma de guerra, un arma feroz. Hay que rechazarlo de plano, sin consideraciones ni justificaciones, y así lo hago y lo firmo. Tan repugnante me parece el brutal bombazo en el Club El Nogal como la masacre del río Naya, o la masacre de San Carlos, o la bomba racimo-cluster que, según el FBI, la Fuerza Aérea soltó contra los campesinos en Santo Domingo.
El terror se ha apoderado de la guerra, es cierto. Pero esa asociación íntima tiene una larga historia: matanza de las Bananeras (1928); matanza de Gachetá (1939); genocidio de gaitanistas, matanza de Ceilán (1949); matanza en la Casa Liberal de Cali (1949); matanza de Líbano, Tolima (1952); matanza de estudiantes en Bogotá (1954); matanza de Galilea (1955); matanza de Santa Bárbara, Antioquia (1965); matanza en el Paro Nacional de septiembre de 1977 en Bogotá; matanza del Palacio de Justicia (1985); matanzas de La Negra, Mejor Esquina, Honduras (1987); matazón de La Rochela (1988), matazón de pasajeros de Avianca (1990); matazón de Mapiripán (1997); matazón de Bojayá, genocidio de la Unión Patriótica, matazón de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas, periodistas, indigenistas, curas y monjas. La historia muestra que el terror y la guerra son en nuestro caso consustanciales. De ahí que, si somos coherentes, honestos y valientes, hay que rechazar con la misma vehemencia la guerra misma como alternativa para resolver nuestros conflictos sociales y políticos. Es puro fariseísmo tratar de distinguir lo uno de lo otro.
Tan perverso como el terrorismo me parece el uso de los actos de terror para imponer otro terror. A raíz del incendio del Reichstag en 1933, Hitler logró la aprobación de las "medidas de emergencia" que le permitieron volverse el amo de Alemania y después de la guerra. Más cerca: Bush usó el 11 de septiembre para tomar todas las "medidas de excepción" que el pueblo americano jamás hubiera aceptado en otra condición. Y miren dónde va. Ahora, sobre las cenizas de El Nogal, el Gobierno reaccionará con una cascada de medidas represivas que nada le harán al terrorismo -porque muchas tendrán ese signo- pero que recortarán más aún los espacios de expresión y de respuesta frente a las regresivas políticas estatales. Ya se estarán cocinando medidas de emergencia para que toda protesta sea tratada como una evidencia de terrorismo: defender la dosis mínima, no votar el referéndum, no aplaudir la mordaza hoy en las llamadas Zonas de Rehabilitación -mañana en todo el país-; apoyar al juez de Tunja que cumplió con su deber; respetar las sentencias de la Corte Constitucional; escribir que la Seguridad Democrática hace aguas. El Gobierno está utilizando el crimen de El Nogal para meter gato por liebre, y volvernos a todos los que no comulgamos con las ruedas de molino que nos impone, sospechosos, cuando no cómplices del asesinato.
Debo sí reconocer que considero un paso significativo que el Estado indemnice a las víctimas de El Nogal. Apenas justo. Se sentaría así jurisprudencia para compensar a todas las víctimas del terrorismo, sin distinción: a los afectados por los 2.500 homicidios y las 15 masacres anuales cometidas por los paramilitares según El Tiempo; a los afectados por la destrucción de pueblos por las guerrillas; a los afectados por las fumigaciones.
Estanislao Zuleta escribió hace unos años, con la lucidez profética que lo caracterizaba: "El poder pretende que su palabra produzca el famoso consenso social con el cual si bien no todos los problemas quedarían resueltos, al menos -y esto es lo más importante- serían interpretados de la misma manera y si algún aguafiestas viene a dañar esta alegre comunión del sentido y dice tercamente como Galileo eppur si muove debe saber que queda condenado a mentir sobre su propio pensamiento, al silencio y a la soledad"."

Convocatoria al X Foro Nacional
POR LOS DERECHOS HUMANOS, LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS Y LA SOLUCION POLÍTICA DEL CONFLICTO

Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos Bogotá, abril 24 al 26 de 2003

Colombia vive un conflicto social y armado que aflige a toda la nación. El derecho a la vida, el mas elemental de los derechos humanos ha desaparecido prácticamente con la extensión de la confrontación a todas las regiones del país. El secuestro, la desaparición forzada, las innumerables masacres, los homicidios políticos, el desplazamiento forzado, la tortura y muchas otras atrocidades cometidas contra los seres humanos, son indicativos de la gravedad del conflicto actual y de su degradación en un inmenso holocausto. Desde la ruptura de las conversaciones entra el Gobierno y las FARC el 20 de febrero de 2002 el conflicto armado se ha intensificado con sus secuelas de muerte y destrucción.
Calificar de catástrofe humanitaria la realidad del drama humano que padece Colombia es corto para los sentimientos de dolor, terror, inconformidad reprimida, desesperanza e indignación que viven millones de personas en el país.
El fracaso de los procesos de paz y el abandono de sus logros por el endurecimiento de las partes, ha significado, de momento, un cambio desfavorable en la búsqueda de una salida política y de otras variantes de la negociación.

SEGURIDAD DEMOCRATICA: ¿AL SERVICIO DE QUIEN?

La actual administración no tiene una política de paz e intenta ocultar, tras el planteamiento de la mediación internacional de la ONU, los cascos azules y otros distractores, su preferencia por la salida militar. Luego de la ruptura de los diálogos con las FARC y el ELN el actual gobierno asume como bandera para la solución del conflicto armado la derrota de la guerrilla o la creación de condiciones que le permitan imponer un acuerdo de paz sin concesiones ni cambios sociopolíticos. Un contexto tan pugnaz dificulta los acercamientos para un Acuerdo de Intercambio Humanitario El nuevo gobierno a ofrecido poner fin al conflicto armado con su política de "seguridad democrática". Sin embargo, esta estrategia no prevé un programa para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario.
Evidentemente la mayoría de la población pide a gritos seguridad, pues la sistemática violación de los derechos humanos, los atentados contra la vida y la dignidad, la precarización del salario y el empleo, el deterioro veloz de la seguridad social, la persistente crisis de la justicia y la impunidad, la extensión del paramilitarismo y el alejamiento de unos acuerdos de paz con los movimientos insurgentes reflejan una enorme desprotección para los ciudadanos. De otro lado, la democracia restringida en Colombia se expresa en la ausencia de espacios de participación, la falta de garantías para las diversas agrupaciones sociales y políticas de la oposición, en limitaciones muy serias a los derechos de organización, expresión en los medios masivos y movilización ciudadana.
Entonces la pregunta que surge es: ¿El modelo de seguridad democrática que está en curso, coincide con las necesidades de seguridad y democracia que anhela el conjunto del pueblo colombiano?, ¿Seguridad para quienes?, ¿al servicio de qué intereses? En desarrollo de la llamada "seguridad democrática" el gobierno decretó el estado de conmoción interior, las zonas de Rehabilitación y el recaudo de impuestos con destino a los operativos militares, entre otros. Adicionalmente se viene impulsando la participación de civiles en el conflicto armado con el reclutamiento de los soldados campesinos y las redes de informantes, con lo cual no solamente se tiende a legalizar el paramilitarismo sino que se propicia la polarización de la sociedad hasta amenazar convertir el conflicto actual en guerra civil abierta.
No se limita esta política a la aplicación del régimen de excepción. La idea oficial es convertir en un nuevo ordenamiento constitucional y legal las normas de excepción que están en curso. Volver a la práctica del viejo estado de sitio, con sus secuelas de arbitrariedad, recorte de libertades, represión y deformación de varias instituciones surgidas de la reforma constitucional de 1991.
EL REFERENDO Y LA CONSTITUCION habrá un referendo y avanza en el Congreso la reforma política con propuestas que no toman en cuenta la necesidad de democratizar la vida política sino de cerrarla aún más. La reforma de la justicia apunta a suprimir el Consejo de la Judicatura, limitar las facultades de la Corte Constitucional, recortar el alcance de la tutela, liquidar las personerías y acabar los órganos de control, entre otros objetivos. Como si fuera poco, se vienen fusionando y suprimiendo ministerios y entidades oficiales, ejecutando más despidos, todo en nombre de la racionalización del gasto. Varias medidas de la conmoción podrán convertirse en legislación permanente.
Los primeros meses de gobierno señalan un balance preocupante en tanto el conjunto de sus medidas no solo no arroja resultados apreciables en la confrontación con los grupos armados irregulares, y en la reducción de la violencia, sino que, por el contrario, se mantienen las violaciones a los derechos humanos. La principal afectada viene siendo la población civil, pues se han presentado graves atropellos de la fuerza pública que incluyen allanamientos a domicilios y sedes sindicales y sociales como las de la CUT Valle, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Terre des Hommes en Barrancabermeja y otras, así como el sucesivo y planeado incremento de intimidaciones y amenazas a lideres sindicales y defensores de derechos humanos.
Se ha desatado una oleada de capturas momentáneas de población civil, bajo indicios o sospechas de ser delincuentes. En este progresivo desarrollo de la campaña intimidatorio inquietan no solo los casos de la comuna 13 de Medellín y Arauca; también son dramáticos los casos de urbanización del conflicto en ciudades como Cúcuta, Cali, Bogotá y Barrancabermeja, que son zonas de rehabilitación de facto, es decir, no están delimitadas por decreto o resolución alguna, pero se caracterizan por una densa presencia militar.
Esta política va en contra de las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas (ONU) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de hacer frente a la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos, que combatan y desmantelen a los paramilitares respaldados por sectores del Estado, que respeten el derecho de la población civil a no verse arrastrada al conflicto y que adopten medidas para garantizar la seguridad de los sectores sociales vulnerables.
Es cada vez mayor y sobresaliente la presencia de estructuras de tropa estadounidense en el territorio y en la asesoría de las acciones bélicas. Las fuerzas que lo apoyan derivan su cohesión de dos factores externos: el Plan Colombia, como estrategia y logística militares, impulsados por los Estados Unidos, y la nueva política de dominación global cuyo nervio es la estrategia antiterrorista del Presidente Bush en la escala mundial.

ACUERDO HUMANITARIO Y SOLUCION POLÍTICA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El gobierno ha emprendido contactos con los grupos paramilitares con la pretensión de su desmovilización e indulto. Somos partidarios del desmantelamiento total del paramilitarismo a partir del reconocimiento que debe hacer el Estado de su responsabilidad por la existencia y apoyo a estos grupos ilegales; la conformación de una comisión de la verdad, el juzgamiento imparcial de sus crímenes y el respecto al derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Las organizaciones que promueven iniciativas por la paz y los derechos humanos, los diversos sectores políticos y sociales, Las iglesias, los afrocolombianos e indígenas, el movimiento de mujeres y jóvenes, los familiares de los secuestrados y presos politicos, que han asumido la tarea de propender por los acuerdos humanitarios, el intercambio de prisioneros por presos políticos, los diálogos regionales y otras formas de acercamiento para el diálogo, tienen una labor prioritaria en la exigencia de una negociación directa, inmediata, que retome las agendas, recomendaciones y acuerdos alcanzados en anteriores procesos.
Superar la guerra y trasegar el camino de la justicia social no será tarea fácil. Sin embargo es un imperativo persistir en la solución política del conflicto, pues partimos del convencimiento que no hay solución militar posible a esta confrontación.

IMPACTOS DE LA POLÍTICA ECONOMICA SOBRE EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION

Como lo han manifestado los lideres sociales, todo el actual diseño de la economía busca descargar sobre el ingreso salarial el costo de la seguridad democrática. Este conjunto de medidas de ajuste fiscal destinadas a garantizar el pago de la deuda pública, las remesas de utilidades de los inversionistas extranjeros y a cubrir el incrementado gasto en guerra, es la base de los acuerdos con el FMI a cambio de créditos de standby.
La reforma tributaria amplia el IVA a productos de la canasta familiar y a campos que estaban exentos; baja el nivel de los salarios gravables; aumenta el porcentaje del impuesto a la renta. Las reformas pensional y laboral también se afectan gravemente; la llamada flexibilización laboral reduce el valor de las horas extras, dominicales y festivos; prolonga la jornada laboral diurna, disminuye las indemnizaciones por despidos, desconoce el salario mínimo y crea condiciones precarias de contratación laboral, todo lo cual se traduce en menos salario y mayor inestabilidad, en lugar de más empleo como pregonan el gobierno y los gremios empresariales.
Se repiten los argumentos con que se presentó la Ley 50 del 1990 y que han acompañado, desde entonces, los sucesivos discursos de cada gobierno al proceso de "flexibilización" del mercado laboral. Desde 1990 hasta nuestros días los "revolcones" de hecho y de derecho han sido el pan de cada día en materia laboral, con el consiguiente agravamiento de la situación.
Por su parte, el ALCA es una estrategia económica de integración neo-colonial que busca fortalecer la economía de Estados Unidos y sus corporaciones, favoreciendo la circulación de sus bienes y servicios, en detrimento de las economías, la soberanía y el nivel de la población de América Latina.
Así las cosas, el tema de la lucha por la democracia ocupa un primer plano. El X Foro se propone estimular la brega común contra el conjunto de estas medidas, comenzando por el levantamiento del estado de conmoción, y la supresión de todas las normas tomadas a su amparo. Propugnamos por la defensa de las libertades democráticas y los derechos fundamentales. El Referendo contiene medidas antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos. La sociedad en su conjunto clama por una verdadera reforma política democrática que genere una apertura a la participación de los ciudadanos en las decisiones esenciales.
En esta perspectiva, la lucha por los derechos humanos integrales, congrega la acción común de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos y sociales.

El X FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS será escenario de unidad y convergencia democrática; punto de encuentro de los hombres y mujeres que propugnamos por un Estado social democrático y de derecho. Solo así se podrá comprender que la lucha por la defensa de los derechos humanos, en tanto es una aspiración legítima por un orden social democrático, justo y humanista, exige los cambios de fondo que Colombia requiere para consolidar la paz.
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos
Bogotá, Febrero 5 de 2003
Información e inscripciones:
Carrera 10 N° 24-76 of. 805
Teléfonos: 2862702 - 3360929 Fax: 3410535 web: http://www.cpdh.org
e-mail: comperdh@colomsat.net.co
----------------------------------------------------------------------------------------------

América Latina en pie de lucha Bolivia y la agonía neoliberal

Por César Jerez
Colectivo Crítica y Transformación
E-mail: criticacol@hotmail.com
La Paz, Bolivia, febrero 17 de 2003.

En los alrededores de La Paz, los picos nevados de Los Andes y las tranquilas y majestuosas aguas del Titicaca parecen hacerle el amor a la vida. Es en medio de este conmovedor paisaje natural, en Bolivia, donde se viene dando una de las arduas batallas por la dignidad de la vida en Latinoamérica.
Bolivia es un país de indios, el 93.7 % de los 8 millones y medio de población pertenece a las etnias Quechua, Aymara y Tupi-Guaraní. Gobernado, sinembargo, a lo largo de su historia por una élite blanca y oligárquica, representada actualmente en el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un rentista negociante neoliberal, caracterizado por hablar mal, y con lacayo acento gringo, el castellano.
El "Goni" o "el gringo" como lo llaman en el pueblo los bolivianos, fue el encargado, siguiendo los pasos de Victor Paz Estenssoro, de introducir en Bolivia la apertura económica, las recetas fondomonetaristas, los mandatos del Banco Mundial y el esquema de las privatizaciones, lo que ha llevado a la exacerbación del saqueo de las multinacionales y al colapso y bancarrota del Estado boliviano. En su desespero por cumplir con el chantaje del FMI, quiso gravar con el 12.5 % los salarios de los trabajadores. Medida que devino en un estallido social en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, el Chapare y otras ciudades y regiones del país.
Ya en el mes de enero, el régimen había sido cuestionado por la movilizaciones de los indígenas y campesinos cocaleros del Chapare, que exigían una pausa en la erradicación de los cultivos de coca y la posibilidad de mantener una hectárea por familia, una reforma agraria integral, la nacionalización de las empresas privatizadas, la discusión sobre el ALCA y un control popular sobre las futuras exportaciones del gas natural boliviano a los EE.UU. Después de 14 días de conflicto y de una veintena de muertos "el gringo" se vio obligado a iniciar un proceso de diálogo en siete mesas de trabajo con el Movimiento al Socialismo - MAS, liderado por Evo Morales, proceso que, no obstante, ha caído en el desgaste del incumplimiento gubernamental.
Fue el "impuestazo" sobre los salarios el último detonante de la explosión social y el comienzo de la agonía del modelo neoliberal en Bolivia. La guerra de La paz, durante los días miércoles 12 y jueves 13 de Febrero, representó la respuesta de un pueblo empobrecido, cansado de la imposición y de la expoliación de un modelo económico que ha llevado a Bolivia a ser uno de los países más pobres, atrasados y corruptos del mundo. El motín policial por reivindicaciones salariales, contra el impuestazo, y el posterior enfrentamiento a bala con el ejercito, en plena sede de gobierno, con el saldo de 34 personas asesinadas por el Estado, evidencian la crisis del régimen dominante, la emergencia del descontento social y de una nueva opción política popular.
Cayó el "impuestazo". El gobierno estuvo a punto de caer. Si no cayó fue por la incapacidad de la izquierda y del movimiento indígena boliviano de orientar y direccionar una coyuntura favorable, pero en cierta forma espontánea e inesperada. Aquí se vivió un pequeño "bogotazo". En Bolivia, como en Colombia y como en el resto de Latinoamérica, la izquierda desarmada se debate entre los intereses individuales y de grupos, el parlamentarismo, el reformismo, el narcisismo político, académico e intelectual, la coptación por parte del establecimiento y la incapacidad de construir o de unirse a un proyecto de poder.
Como se demostró en Ecuador y Argentina, no basta con tumbar presidentes, si no hay con que sustituirlos. De lo escuchado durante mi estadía en este bello país, mientras se ejecutaba la barbarie, pareciera que la derrota del neoliberalismo y del capitalismo en Bolivia pasa por la construcción de una coordinación o de un frente popular que pueda cristalizar la alianza de los obreros, los campesinos y la mayoría indígena Boliviana.
La responsabilidad histórica de la construcción del poder popular en Bolivia está en manos del MAS y del Movimiento Indígena Pachakuti, actuales fuerzas progresistas mayoritarias del país, quienes han logrado evitar la privatización del agua en Cochabamba con la "guerra del agua" en el 2000, quienes han defendido con sangre el uso tradicional y alternativo de la coca, quienes quieren para su pueblo el gas de las entrañas de la "pachamama", quienes se oponen al ALCA y a las privatizaciones y quienes cercaron La Paz y acorralaron a los caras-pálidas de la oligarquía en el 2002.
Socialismo o tawantinsuyo son formas de organización política y social incluyentes e igualitarias que no se contradicen, que son parte de un proceso, que lo que requiere, inicialmente, es de darle una patada por el culo al imperio.


Lo que dicen los medios...

Brasil no califica de terrorista a las Farc, en respuesta a carta del Presidente Álvaro Uribe

"Brasil no califica a las fuerzas insurgentes colombianas debido a que, eventualmente, se vería impedido de ser mediador en un posible proceso de paz", dijo un vocero gubernamental de ese país. El pronunciamiento del asesor en asuntos internacionales de la Presidencia brasileña, Marco Aurelio García, está contenido en una entrevista publicada este miércoles por el diario 'Gazeta Mercantil'. Es la primera respuesta a los pedidos del presidente colombiano para que los países vecinos califiquen oficialmente a las Farc como un grupo terrorista. En sus declaraciones a 'Gazeta Mercantil', García, asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en asuntos internacionales, aseguró que Brasil defiende una salida negociada al conflicto colombiano y está dispuesto a tener una mayor participación diplomática para ayudar al país vecino. De acuerdo con el diario financiero, Brasil teme que una condena internacional contra las Farc sea utilizada por Estados Unidos como un pretexto para, con la intención de combatir el terrorismo, intervenir en el país vecino. El Gobierno brasileño, que ya manifestó su oposición al llamado 'Plan Colombia', dirigido a combatir el narcotráfico y dotado de ayuda militar y logística de Estados Unidos, teme que el conflicto colombiano se extienda a los países vecinos. "Nuestras restricciones al Plan Colombia obedecen a las implicaciones que ese programa puede tener en Brasil", explicó García en un discurso que pronunció la semana pasada. El asesor aseguró que Lula pretende tener una participación más activa que sus antecesores en los esfuerzos internacionales para buscar la paz en Colombia. Dijo que el mandatario brasileño envió la semana pasada una carta al secretario de la ONU, Kofi Annan, en la que pide que el organismo multilateral se empeñe en los esfuerzos por facilitar una negociación entre los guerrilleros y el Gobierno colombiano. Igualmente aseguró que Brasil está organizando una reunión de cancilleres de países suramericanos, aún sin fecha prevista, en la que será analizado, entre otros asuntos, el conflicto colombiano. Fuente: EFE

Paramilitares de las AUC responsables de doble crimen en corregimiento de Puerto Franco

Un radioperador y un tendero fueron asesinados durante la noche del lunes en una incursión armada, en zona rural del municipio de Galeras, ubicado a una hora de la Capital del Departamento de Sucre en la zona de rehabilitación y consolidación. Las víctimas fueron identificadas como Arnold José Medina Valdomino, de 35 año, y Otto Román Olivera, de 40 años, propietario de una de las tiendas de la localidad. Testigos de los hechos dan cuenta que unos 40 hombres ingresaron al pueblo hacía las 8 de la noche del lunes en un camión de color oscuro y de inmediato comenzaron a preguntar por algunas de las personas que allí residen. Posteriormente, luego de tildar a la población de auxiliadores de la guerrilla, se desplazaron hasta la residencia de Medina Valdomino, quien al notar la presencia de los uniformados intentó salir por la parte trasera de la casa, pero le dispararon y acabaron con su vida. De inmediato se dirigieron hasta la tienda de propiedad de Olivera Anaya, a quien le solicitaron unas gaseosas, pero cuando intentó voltear para sacar las bebidas del enfriador, los hombres le dispararon por la espalda, afirmó una de las personas que se encontraba cerca al lugar en el momento del crimen. Esta es otra incursión más de los paramilitares de las AUC en el departamento de Sucre luego de que anunciaran un cese de hostilidades desde el pasado 1 de diciembre.
Fuente: EL TIEMPO

Tribunal militar absolvió a 3 suboficiales y 23 soldados en el caso de la masacre de 6 niños en Pueblo Rico, Antioquia (17.02.03)

Más impunidad para los crímenes del estado colombiano. Una corte militar consideró inocentes a sus propios militares de asesinar a 6 niños durante una operación contrainsurgente, el 15 de agosto de 2000. Los niños fueron asesinados por tropas del ejército cuando iban de paseo hacia la finca La Tolda. Según testigos, los gritos fueron ignorados. En el camino veredal quedaron tendidos los cuerpos de varios menores víctimas del fuego intenso de los fusiles. A pesar de que la justicia militar abrió la causa y la jefatura castrense anunció que indemnizaría a los familiares de los niños, entidades humanitarias interpusieron demandas judiciales o administrativas contra los militares implicados en el caso. El concejal Hernando Higuita, testigo presencial de la matanza, acusó en agosto de 2000 a los militares de haber disparado "directamente" contra los menores y desmintió la versión castrense de que el hecho se produjo en un combate con los rebeldes. Fuente: AFP Las FARC-EP combaten a las FF.MM en Mantañitas (17.02.03) Las Farc atacaron las poblaciones de Montañita y San José del Fragua en el departamento de Caquetá. Las autoridades militares dijeron que unos 200 guerrilleros del frente 61 de las Farc hostigaron a la fuerza pública de san José del Fragua. Unos 100 guerrilleros del 15 frente de las FARC se enfrentaron con los uniformados durante dos horas.
Fuente: CARACOL

Amenaza paramilitar en Mesetas (Meta) (18.02.03)

Unos grafitis de los terroristas paramilitares de las Accu comenzaron a aparecer en las paredes de los humildes ranchos del cerro de Los Tres Filos, a pocos kilómetros del pueblo, que era la entrada norte a la antigua zona de distensión. Allí, son frecuentes los rumores de presencia paramilitar. Las versiones de los pobladores, que hablan de una persona muerta y una joven desaparecida desde hace un mes, son constantes. Se habla de hombres extraños que rondan las calles, pero no hay denuncias ante las autoridades. Según Pulgarín, desde el fin de la zona de distensión, el comercio se ha reducido en un 70 por ciento y la producción ganadera en un 30 por ciento.
Fuente: EL TIEMPO.COM

Nuevo golpe de las FARC-EP a los terroristas de las AUC (19.02.03)

Guerrilleros de los frentes 28 y 45 de las Farc atacaron a paramilitares del bloque Vencedores, en área limítrofe de Arauca y Casanare. En la madrugada del lunes cesaron los combates dejando un saldo de 29 paramilitares de las AUC dados de baja. Entre los muertos estaría alias 'Cristancho', líder paramilitar de Los Vencedores. Así mismo, autoridades de Tame informaron que el paramilitar Joan Andrés Gómez Echeverría, herido en los combates, sigue bajo custodia en el hospital de Tame, donde recibe atención médica. Dos soldados resultaron heridos cuando guerrilleros de las Farc hicieron explotar una bomba en la vía principal del municipio de Arauquita al paso de una patrulla del Ejército. Dos vehículos bomba mantienen interrumpido desde ayer el tránsito por la carretera Arauquita-Saravena, dijeron expertos antiexplosivos que trabajan en la desactivación de los carros
. Fuente: EL TIEMPO/EL ESPECTADOR

Continúa audiencia por asesinato de Jaime Garzón (18.02.03)

Dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estuvieron como testigos en el juicio que se adelanta contra el jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, por el asesinato del periodista Jaime Garzón. Alias "El bochas" es sindicado de participar presuntamente en el crimen.
Fuente: RCN

Presentan pruebas de inocencia de uno de los irlandeses acusados de entrenar a las FARC-EP (17.02.03)

La televisión irlandesa RTE difundió anoche un video que muestra a uno de los acusados, Jim Monaghan, pronunciando un discurso en Belfast cuando, según la acusación, entrenaba a la guerrilla. La grabación fue dada a conocer por la defensa, y fue grabada durante un curso de formación, cuya responsable, confirmó que la fecha del video es del 22 de febrero de 2001. Un testigo citado por la acusación, en Bogotá, afirmó que había visto a los tres irlandeses entrenando a rebeldes de las FARC del 5 al 25 de febrero de 2001. Jim Monaghan, Niall Connolly y Martin McAuley están injustamente arrestados desde agosto de 2001 tras ser detenidos en el aeropuerto de El Dorado. Según Caitriona Ruane, que lucha por la liberación de estos tres hombres, "el proceso es una farsa" desde su comienzo. "Al principio, los testigos no asistían al juicio, luego la corte intentó forzar a la defensa para que expusiera en primer lugar, y ahora resulta que estamos en condiciones de probar que Giovanni Rodríguez", testigo ocular citado por la acusación, "cometió perjurio hace dos semanas", afirmó Ruane. Durante el período en que supuestamente ocurrieron los hechos, "Jim Monaghan y Martin McAuley estaban en Irlanda, tenemos pruebas irrefutables; Niall Connolly no estaba en Colombia y lo probaremos también", precisó Caitriona Ruane. Este incidente contribuyó a desestabilizar el proceso de paz en Irlanda del Norte.
Fuente: AFP

FBI participa en búsqueda de tres estadounidenses en Caquetá (18.02.03)

El gobierno colombiano apoya la violación de la soberanía nacional al permitir que el FBI participe en la búsqueda de tres estadounidenses retenidos por la guerrilla de las FARC-EP cuando cayó un avión de inteligencia de Estados Unidos en el municipios de Puerto Rico, departamento de Caquetá. El fiscal general de la Nación , Luis Camilo Osorio, precisó que los agentes llegaron para colaborar en la vasta operación de rastreo que se desarrolla en las montañas caqueteñas, y para asistir a los ineptos agentes de la Fiscalía colombiana en las investigaciones. El Fiscal dijo que "aún no tenemos pistas claras" sobre la suerte de los tres estadounidenses" y "tampoco cómo ocurrieron los hechos", pero agregó que "con la colaboración del FBI esperamos lograr resultados positivos lo más pronto posible"
Fuente: CARACOL

Un nuevo "estatuto antiterrorista" de corte fascista prepara el gobierno de Uribe (19.02.03)

El presidente Álvaro Uribe Vélez decidió acelerar la presentación y posterior aprobación en el Congreso de la República de un nuevo estatuto antiterrorista de corte fascista que modificaría 31 artículos del Código Penal y crearía 10 nuevos. El proyecto, que coarta las libertades fundamentales, incluye varios artículos referentes a la pertenencia a organizaciones alzadas en armas. Una propuesta más del Gobierno es responsabilizar a los jefes de organizaciones insurgentes de todos los delitos que se cometan a nombre de dicho grupo. "El que promueva el terrorismo en general, o la realización de actos de guerra, aún sin tener ninguna participación en ellos, incurrirá en prisión de dos a cinco años", dice el proyecto. Por otro lado el proyecto de Ley de "estatuto antiterrorista" del Gobierno fija un nuevo artículo para el Código Penal con el que intenta imponer un límite a la información que manejen los medios de comunicación sobre temas relacionados con el orden público. El artículo señala que los medios que divulguen "informaciones que puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones militares o de la policía, coloque en peligro la vida del personal de la fuerza pública o de los particulares o ejecute cualquier otro acto que atente contra el orden público, la salud moral pública, mejorando la posición o imagen del enemigo o estimulando las actividades terroristas para causar un mayor impacto de sus acciones, incurrirá en prisión de ocho a doce años, sin perjuicio de la suspensión del correspondiente servicio".
Fuente: EL ESPECTADOR

Corte Constitucional avala "zonas de rehabilitación" (19.02.03)

En las "Zonas de Rehabilitación" el estado se ha tomado la potestad de restringir los derechos fundamentales de los colombianos para permitir un control dictatorial sobre la población civil. Luego de una apretada decisión, la Corte Constitucional dio ayer el aval para que en los departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre continúen funcionando las denominadas zonas de rehabilitación y consolidación que el gobierno del presidente Álvaro Uribe declaró como medida del estado de conmoción. Estos departamentos pueden seguir funcionando con los poderes especiales dados a los militares como el toque de queda, restricciones en la locomoción de ciudadanos, registro de carros. Cuatro magistrados de la Corte salvaron su voto al considerar que la decisión no mostraba específicamente cuáles derechos ciudadanos iban a ser violentados por la medida. Jaime Araújo, Clara Inés Vargas, Jaime Córdoba Triviño y Alfredo Beltrán Sierra se negaron a aprobar esta medida.
Fuente: EL ESPECTADOR

Ataque de las FARC-EP a la policía en los departamentos del Cauca y Valle (18.02.03)

Cuatro policías heridos dejaron dos emboscadas en los , en el suroccidente colombiano. Cerca a Popayán, las Farc atacaron a una patrulla que vigilaba la zona de El Tablón. A sólo 3 kilómetros de Buga, la guerrilla disparó contra un carro oficial con uniformados en su interior. Fuente: RCN

Impunidad para el asesino paramilitar Victor Carranza (19.02.03)

Un juez de la República absolvió el martes al empresario de las esmeraldas y financiador de grupos paramilitares, Víctor Carranza Niño, acusado de los delitos de secuestro y paramilitarismo. Según el juez, no hay prueba que comprometa a Carranza con los cargos hechos por el ente fiscal, y por eso lo declaró inocente. Víctor Carranza es uno de los más grandes organizadores y financiadores de grupos paramilitares en Colombia. Son cientos los humildes colombianos que han caído bajo las balas y la motosierra de los paramilitares bajo las ordenes de este asesino.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejerciendo el derecho de los pueblos a rebelarse

El Estado colombiano con su terrorismo causo el más grande genocidio de la historia con la muerte a manos de integrantes de sus fuerzas de seguridad de más 4.500 militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, Lo hicieron para criminalizar la protesta social y política, con lo que además forzaron al pueblo a utilizar las armas en su propia defensa y para luchar por sus derechos y convicciones políticas de clase explotada hasta construir la nueva Colombia.