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La Paz, enero 10 de 2003).- Un atentado a la economía popular. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció anoche su intención de confiscar parte de los salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y privado en una proporción que va desde el 4,2 por ciento al 12,5.
En su mensaje a la nación, trasmitido por una red de canales televisivos, Sánchez de Lozada comunicó que Bolivia marcha al colapso si el Estado continúa gastando más de lo que tiene. El déficit fiscal del 2002 fue superior al 8,5 por ciento y para el 2003 se pretende, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, reducirlo a un poco más del 5 por ciento, recortando los gastos del Estado e incrementando sus ingresos a través de mayores contribuciones y sacrificios del sector laboral..
La confiscación de ingresos y otras medidas colaterales entrarán en vigencia una vez que el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2003 sea aprobado por el Congreso nacional, donde el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para legalizar lo que sectores populares y de oposición han calificado como un nuevo atentado a la economía popular.
El mecanismo definido para la confiscación de salarios e ingresos es la eliminación del crédito fiscal que obtenían asalariados y empleados. Hasta ahora, estos sectores podían presentar facturas por un monto igual a sus obligaciones tributarias, y así evitaban transferir parte de sus ingresos al Estado.
Pero ahora, con el denominado "impuestazo", trabajadores, obreros y empleados de clase media tendrán que entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción:

El presidente también anunció que durante el 2003 no dará paso a las demandas de aumento salarial planteadas por las organizaciones sociales y laborales.
"Hay un sacrificio adicional (…) no vamos a aumentar sueldos ni salarios", aseguró Sánchez de Lozada y anunció que no concederá incrementos en el presupuesto de las universidades públicas.
En el proyecto de presupuesto, Sánchez de Lozada plantea adicionalmente el recorte del 10 por ciento en los gastos del gobierno nacional, del Congreso y del Poder Judicial.
Pero junto a la mayor contribución que deberán erogar los asalariados, el presupuesto dispone un tratamiento favorable para los empresarios al disminuir el Impuesto al Valor Agregado del 13 al 12,5 por ciento y del Impuesto a las Transacciones del 3 al 2,5 por ciento.
Según Sánchez de Lozada, con esa rebaja se devuelve a la economía 280 millones de bolivianos y se hacen más competitivas a las empresas, que pueden mejorar su crítica situación y rebajar los precios de sus productos.