VOLVER A LA PAGINA  PRINCIPAL
Latinoamérica

18 de diciembre del 2003

Frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
Chile: Luchamos por recuperar nuestras riquezas


Guillermo Teillier

Secretario generla del Partido Comunista de Chile

El gobierno de Chile acaba de promulgar el TLC con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano y las grandes transnacionales han logrado su objetivo de establecer una cabeza de playa en América del Sur para imponer el ALCA en este sub continente.

El ALCA, al igual que el TLC firmado con Chile, forma parte de una estrategia norteamericana para enfrentar la creciente competencia de otros países desarrollados por el control de las materias primas del mundo, en especial las energéticas. Estos tratados no son meros acuerdos comerciales o financieros o de transferencia tecnológica, sino que forman parte de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo llevada adelante por Bush tiene precisamente el propósito de lograr el control, sin contrapeso, de las principales fuentes de materias primas. El plato fuerte es A. Latina, que provee a los EE.UU. algo más del 30% del petróleo, pero que además posee 1/3 de las reservas de agua del mundo y un 40% de tierras cultivables.

La política de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está asentada en tres ejes fundamentales: el control de las materias primas; la especulación financiera, para lo cual necesitan abolir todas las barreras proteccionistas de los países sub desarrollados; y el desarrollo del complejo industrial-militar, con la destinación de presupuestos monstruosos para sostener la nueva doctrina militar: la de la Guerra Preventiva.

Una política de reconstrucción nacional que afecte los intereses de estos ejes de la economía norteamericana podría ser considerada como un peligro para su Seguridad Nacional y por lo tanto podrían actuar las fuerzas de prevención, acusando a quienes propicien un programa de esta naturaleza de terroristas. Lo que ayer arreglaba con golpes de Estado, hoy el imperio pretende hacerlo, además, con la intervención directa.

Esta dominación, casi sin contrapeso, de no darse algún tipo de respuesta de los países latinoamericanos introduce recetas en las economías nacionales tendientes a suplir la baja en las tasas de ganancia de las grandes transnacionales mediante la explotación de los trabajadores. En este recetario común para A. Latina encontramos la flexibilización del trabajo: para desvalorizar el salario y mantener una cesantía estructural. La privatización de los servicios públicos y empresas del Estado: en A. L. las 7 principales empresas son aún estatales y generan el 14% de las exportaciones. La reducción del gasto público en salud, educación, transporte y otros de carácter social junto a la imposición de gustos y patrones de consumo para facilitar el ingreso de las mercancías globalizadas y la homogeneización cultural tendiente a eliminar las diversidad étnica, son políticas económicas que están ya en pleno desarrollo.

Estas recetas son las mismas que impone el FMI y el BM, que domina EE.UU., y que llevaron a la ruina a Argentina y que tienen convulsionados a países como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, donde la respuesta de los pueblos se deja sentir.

De nuevo el imperialismo se readecúa para tratar de enfrentar la crisis inminente del sistema neoliberal, del cual se ha comprobado su ineficacia para solucionar los problemas de la humanidad.

Vivimos un momento en que la lucha y la resistencia de los pueblos es el aspecto determinante que caracteriza una nueva etapa que se abre en América Latina.

El pueblo de Chile no puede estar ajeno. Debemos persistir en la lucha por la defensa y recuperación de nuestras riquezas, oponiéndonos a las privatizaciones y propiciando la revisión de las que se han efectuado. Se necesita un programa basado en la solidaridad e integración latinoamericana con políticas de desarrollo que pongan en primer lugar a los excluidos sociales, los millones de pobres y trabajadores pauperizados. Se necesita también establecer un sistema de democracia participativa, un nuevo Estado social y de derecho de las personas, que plantee una distribución equitativa y el desarrollo humano integral e igualitario.