Samuel Blixen
BRECHA


El presidente de la República la tiene complicada en el 'caso María Claudia' y hace equilibrio precario circulando versiones con medias verdades.

Jorge Batlle dispone de múltiples vías para dar a conocer aquello que no quiere asumir explícitamente en público, y también tiene capacidad para multiplicar trascendidos, parcial o completamente contradictorios entre sí, sobre un mismo hecho.

La presencia en Montevideo de los dos principales responsables de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino, los abogados y periodistas Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Mattarolo, en una anunciada gestión para impulsar el esclarecimiento de la desaparición y asesinato de María Claudia García de Gelman (secuestrada en Buenos Aires en 1976 por militares uruguayos y trasladada a Uruguay, donde dio a luz en cautiverio a una niña que fue robada y entregada a un alto funcionario policial de la administración Sanguinetti) y la ubicación de sus restos, puso en el centro de la atención la cuestión clave de este episodio 'complejo y atípico' del terrorismo de Estado binacional: el secuestro, la desaparición, el asesinato y el robo de menor perpetrados por oficiales militares y policías de los aparatos de inteligencia denunciados con nombre y apellido en un juzgado penal, ¿son actos cometidos 'en cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos', como reza el artículo 1 de la ley de caducidad?

Si así lo fuera la denuncia penal del poeta argentino, que el juez Gustavo Mirabal tiene en suspenso, debería ser archivada. Sólo el presidente de la República puede decidir, después de consultar a los mandos militares y a las dependencias involucradas, si la desaparición y el asesinato de María Claudia están comprendidos en la ley de caducidad. Ello supone admitir que la desaparición, el asesinato y el robo de la bebé fueron parte de una guerra de contrainsurgencia y que tales episodios, en opinión de los mandos (en especial del entonces comandante general Julio César Vadora) eran vitales para el triunfo militar durante la dictadura y para la preservación de un proceso político de pacificación.

Ello supone también fundamentarlo, explicando el sentido de las órdenes superiores. Su argumentación es a lo que aspiran los delegados del presidente Néstor Kirchner, aspiración que fue reiterada, con la debida delicadeza para no entrometerse en asuntos internos, pero con igual firmeza, en los contactos que mantuvieron con las autoridades uruguayas.

La versión de la Presidencia, de los voceros oficiales y de los informales, no despejó la incógnita: durante los 45 minutos que duró la audiencia presidencial en el Edificio Libertad, el martes 4, Batlle aseguró a los dos visitantes argentinos que el tema 'está a estudio' y que su disposición es la de resolver definitivamente el caso; el asesor presidencial Carlos Ramela aseguró que el presidente aún no había tomado una decisión porque aguardaba la llegada del expediente al Edificio Libertad, un trámite que todavía no sorteó la aduana administrativa de la Suprema Corte; el prosecretario Leonardo Costa, en conversaciones informales con periodistas, opinó que 'quizás' el caso no sea archivado y sugirió que no debe darse como un hecho la aplicación de la ley de caducidad. El ex presidente Julio María Sanguinetti habría argumentado enfáticamente ante Batlle la necesidad de detener la investigación judicial, y el ex presidente Luis Alberto Lacalle aseguró a TV Libre que 'el asunto será archivado'; cuando se le preguntó en qué basaba tal afirmación, contestó: 'Es mi opinión'. El diario Últimas Noticias tituló, en su edición matutina de ayer, jueves 6: 'Declararán comprendido en la ley de caducidad el caso de nuera de Gelman'.

También fue tajante la opinión de los dos asesores argentinos. En una prolongada conferencia de prensa, en la sede de su embajada, Duhalde explicó el miércoles 5: 'Confiamos en que los restos de María Claudia serán hallados y aspiramos a que la justicia continúe sus investigaciones. No queremos opinar sobre la aplicación de la ley, pero el caso es complejo y atípico'. Y agregó: 'Es necesario avanzar, y para avanzar hay que tomar decisiones'.

La ambigüedad presidencial, que asegura la predisposición a aclarar el caso pero deja trascender que se detendrá la investigación judicial, se extiende también al otro aspecto urticante para el presidente: la decisión de aplicar la ley de caducidad favorecería indirectamente al propio Batlle, quien en el expediente penal está calificado como el principal testigo, en tanto el senador Rafael Michelini -quien hace ya meses brindó su testimonio ante el magistrado- lo acusa de haber admitido, en una conversación personal, que el capitán de Coraceros Ricardo Medina fue el asesino material de María Claudia. Batlle aún no ha brindado su testimonio, y ha guardado un estricto silencio desde la primera referencia a su confesión.

Públicamente Batlle nunca desmintió la versión periodística, que después fue confirmada por Michelini en su testimonio ante un juez argentino y finalmente consignada con lujo de detalles ante el juez Mirabal. El tema fue abordado en la conversación que Batlle mantuvo con Duhalde y Mattarolo. Cuando fue preguntado directamente por dicha versión, el presidente aseguró: 'No tengo información precisa sobre el destino final de María Claudia', sugiriendo que las afirmaciones de Michelini eran inexactas. Al finalizar dicha reunión el asesor presidencial Ramela fue abordado por los periodistas, y ante una pregunta específica sobre la versión de Rafael Michelini respondió: 'Eso hace tiempo que fue desmentido'.

El desmentido es una novedad, porque nunca se consignó que Batlle dijera que Rafael Michelini no decía la verdad cuando formulaba sus declaraciones ante el juez; en los hechos, hasta donde se sabe, Ramela había insinuado ante periodistas que lo dicho por Batlle había sido producto de una exageración en una discusión acalorada. Consultado el senador se negó a abundar en comentarios sobre su testimonio judicial y al respecto sólo afirmó que mantenía sus dichos; pero cuando se le solicitó un comentario sobre los desmentidos implícitos de Batlle y los explícitos de Ramela, Michelini simplemente se excusó afirmando que lo que tenía para decir ya lo había dicho ante el juez.

Si el presidente Batlle aplica la ley de caducidad al caso Gelman, no habrá posibilidad de un careo para determinar quién miente. Sorteando las filosas aristas del episodio, Duhalde y Mattarolo se limitaron a comentar ante la prensa que 'Michelini nos confirmó su versión'; abundaron, eso sí, en consideraciones sobre el posible destino final de María Claudia. Ambos altos funcionarios argentinos comentaron las conclusiones contenidas en el informe final de la Comisión para la Paz. Respecto de la suerte corrida por la nuera de Juan Gelman, el informe consigna dos versiones: una, que fue asesinada en Uruguay, como lo establece la confesión de Batlle a Michelini; otra, que María Claudia fue regresada a Argentina, donde habría sido ejecutada. 'No hemos recibido ningún elemento convincente, ningún indicio cierto como para suponer que María Claudia fue devuelta a la Argentina; tampoco tenemos ninguna evidencia de la permanencia de María Claudia en algún centro clandestino de detención, en las fechas de un posible regreso'. Los funcionarios argentinos fueron enfáticos: 'Las dos versiones tienen origen en fuentes militares. Pero la segunda, la del regreso, proviene del círculo de militares involucrado en el secuestro. Tenemos la firme convicción de que los restos de María Claudia están en Uruguay, de la misma forma que estamos convencidos de que finalmente los hallaremos'