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Latinoamérica

Desmantela el gobierno de Sánchez de Lozada una supuesta rebelión policial
Enfrentamientos entre manifestantes y uniformados bolivianos dejan 3 muertos

"Hay un proceso sedicioso de golpe de Estado encabezado por Evo Morales": versión oficial
AFP, DPA, PL Y REUTERS
La Paz, 11 de octubre. Nuevos incidentes de violencia se suscitaron hoy en una populosa barriada de El Alto, a 12 kilómetros de La Paz, con saldo de al menos tres personas muertas, entre ellas un niño, por disparos de fuerzas del ejército y la policía, en momentos en que las autoridades bolivianas investigaban el origen de una explosión que ha-bría dañado un tramo de un gasoducto que une ambas poblaciones.
El niño Alex Morellicona, de cinco años de edad, falleció víctima de disparos de tropas combinadas del ejército y la policía que escoltaban, apoyadas por tanquetas, dos vehículos cisterna para abastecer de gasolina a la ciudad de La Paz, según relatos de vecinos y medios de información.
Mientras, fuentes hospitalarias informaron de la muerte de Walter Huanca, quien resultó gravemente herido en la mañana de este sábado en los choques que se produjeron entre vecinos y policías por el control de la carretera que une a El Alto con La Paz.
Otro manifestante pereció de un disparo en la zona de Ballivián, en El Alto, informó el fiscal Jimmy Pareja, asignado a la policía técnica judicial, quien insinuó, además, la versión no confirmada de una baja policial.

Al cierre de esta edición continuaban los enfrentamientos en al menos cinco lugares de El Alto, donde se concentran, además de clases medias depauperadas, migrantes in-dígenas aimaras y quechuas, situación que hacía virtualmente imposible llegar al lu-gar, donde -según vecinos- se escuchaba el tableteo de disparos de ametralladora.
A todo esto, el gobierno denunció esta noche que está en marcha un "proceso sedicioso de golpe de Estado en Bolivia encabezado por el líder de la oposición y ex candidato presidencial, Evo Morales", también dirigente cocalero del Chapare.
Por su parte, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se reunió este sábado con su gabinete tras desmantelar una supuesta rebelión de policías que tendrían contacto con los sectores de la protesta nacional, y se espera que las movilizaciones habrán de recrudecerse para el próximo lunes con el cierre de una ruta troncal que une al este con el oeste del país por parte de los productores de hoja de coca del Chapare. Además, los transportistas prevén un paro de 24 horas para el martes.
El Alto, de 700 mil habitantes, donde se cumplen cuatro días de paro general contra la venta de gas al extranjero y el reclamo de la renuncia de Sánchez de Lozada, amaneció hoy sin expendio de combustibles y gas doméstico a raíz de un bloqueo, por segundo día consecutivo, que impide el desplazamiento de un convoy de carros cisterna.
Cerca de 40 vehículos cisterna que abastecen de gasolina y diesel permanecen estacionados en la planta de Senkata, cerca de El Alto, con fuerte resguardo de tropas y tanquetas, sin que puedan efectuar el traslado hacia los centros de venta al público.
Se estima que 40 por ciento de los centros de expendio de combustibles en las zonas de El Alto y La Paz han cerrado sus puertas ante el desabasto aún parcial, según fuentes de los distribuidores. Se suma una explosión como resultado de un supuesto atentado a un gasoducto que abastece la región, que las autoridades investigan y sin que se precise el lugar de los hechos.
Refuerzan medidas de seguridad
El gobierno volvió a reforzar el control militar en el palacio presidencial Quemado, el edificio del Poder Legislativo, la cancillería y los alrededores de la Plaza de Armas en La Paz, ante el temor de nuevos disturbios por los huelguistas.
En contraste, en medio de una precaria calma tanto en la capital como en El Alto, fue en esta última donde la tensión volvió a crecer este sábado al desatarse duros choques entre policías y manifestantes, con saldo de una persona herida de un disparo en la cabeza con arma de fuego, quien falleció posteriormente.
Los incidentes de violencia se produjeron en una barriada populosa, que congrega mayoritariamente a migrantes pobres de las etnias aimara y quechua.
En esta cuarta jornada de violentas protestas los manifestantes lanzaron piedras contra vehículos que recorrían una autopista que conduce al aeropuerto internacional, mientras las fuerzas antimotines los repelían con gases lacrimógenos y hacían disparos.
El gobierno afirmó haber desarticulado un presunto motín con la detención de entre siete y nueve oficiales de la policía que tendrían nexos con sectores de la protesta nacional. Pero fuentes policiales dijeron que el gobierno estaba viendo "fantasmas".
Según la versión gubernamental, al me-nos seis oficiales y agentes policiales promovían un acuartelamiento similar al que en febrero pasado desató un estallido social con más de una treintena de muertos.
El ex mayor de la policía David Vargas, quien encabezó aquel motín y otro ocurrido en abril de 2000, fue acusado de estar detrás de una nueva acción subversiva.
Vargas, que entonces fue dado de baja de la institución, indicó que también él estuvo a punto de ser arrestado y que ahora se oculta en un local sindical obrero. Dijo temer que el gobierno se apreste a declarar el estado de sitio y limitar las libertades constitucionales.
Ante los anuncios de los sectores sindicales y campesinos de radicalizar la protesta, sectores humanitarios, de la Iglesia católica y los empresarios siguen llamando a las partes a sentarse a la mesa de diálogo, sin conseguirlo.