Por Rodolfo Walsh

La investigación de Rodolfo Walsh relata la detención de diecisiete hombres reunidos para escucharlas noticias del levantamiento militar del general Juan José Valle en un domicilio, particular de un barrio obrero de Boulogne. Todos son obviamente peronistas. Algunos son liberados. Pero el jefe de la policía bonaerense, coronel Desiderio Fernández Suárez, ordena verbalmente la ejecución de los doce restantes. Trasladados a un basural de José León Suárez, siete de ellos, algunos gravemente heridos, sobreviven al ametrallamiento. Cinco cadáveres quedan tendidos. Son los de Carlos Alberto Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brión. y Vicente Rodríguez.
Epílogo de la edición de 1972 (fragmentos)
Una de mis preocupaciones, al descubrir y relatar esta matanza cuando sus ejecutores aún estaban en el poder, fue mantenerla separada, en lo posible, de los otros fusilamientos cuyas víctimas fueron en su mayoría militares. Aquí había un episodio al que la Revolución Libertadora no podía responder ni siquiera con sofismas.
Ese método me obligaba a renunciar al encuadre histórico, en beneficio del alegato particular. Se trataba de presentar a la Revolución Libertadora, y sus herederos hasta hoy, el caso límite de una atrocidad injustificada, y preguntarles si la reconocían como suya, o si expresamente la desautorizaban. La desautorización no podía revestir otras formas que el castigo de los culpables y la reparación moral y material de las víctimas. Tres ediciones de este libro, alrededor de cuarenta artículos publicados, un proyecto presentado al Congreso e innumerables alternativas menores han servido durante doce años para plantear esa pregunta a cinco gobiernos sucesivos. La respuesta fue siempre el silencio. La clase que esos gobiernos representan se solidariza con aquel asesinato, lo acepta como hechura suya y no lo castiga simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma.
Las ejecuciones de militares en los cuarteles fueron, por supuesto, tan bárbaras, ilegales y arbitrarias como las de civiles en el basural.
El 12 de junio se entrega el general Valle, a cambio de que cese la matanza. Lo fusilan esa misma noche.
Suman 27 ejecuciones en menos de 72 horas en seis lugares.
Todas ellas están calificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional, vigente en ese momento que dice: "Queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos".
En algunos casos se aplica retroactivamente la ley marcial. En otros, se vuelve abusivamente sobre la cosa juzgada. En otros, no se toma en cuenta el desistimiento de la acción armada que han hecho a la primera intimación los acusados. Se trata en suma de un vasto asesinato, arbitrario e ilegal, cuyos responsables máximos son los firmantes de los decretos que pretendieron convalidarlos: generales Aramburu y Ossorio Arana, almirantes Rojas y Har-tung, brigadier Krause.

Aramburu y el juicio histórico

El 29 de mayo de 1970 un comando montonero secuestró en su domicilio al teniente general Aramburu. Dos días después esa organización lo condenaba a muerte y enumeraba los cargos que el pueblo peronista alzaba contra él. Los dos primeros incluían "la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada" el 9 de junio de 1956.
El comando llevaba el nombre del fusilado general Valle. Aramburu fue ejecutado a las 7 de la mañana del 1º de junio.
La ejecución de Aramburu provocó una semana más tarde la caída del general Onganía, cuya dictadura ya había sido resquebrajada otro 29 de mayo -el año anterior- por la epopeya popular del Cordobazo, y postergó momentáneamente los proyectos de los sectores liberales que veían en el general ajusticiado una solución de recambio para la fracasada Revolución Argentina.
El dramatismo de esa muerte aceleró un proceso que suele llevar años: la creación de un prócer. En cuestión de meses los doctores liberales, la pren-sa, los herederos políticos canonizaron a Aramburu mediante el uso irrestricto del ditirambo y la elegía. Paladín de la democracia, soldado de la libertad, dilecto hijo de la patria, militar forjado en el molde clásico de la tradición sanmartiniana, gobernante sencillo y probo que rehuía por temperamento los excesos de autoridad, son algunos de los conjuros que escamotean a la historia el perfil verdadero de Aramburu. Dos años después tenía su Mausoleo, ornado de virtudes.
La matanza de junio ejemplifica pero no agota la perversidad de ese régimen. El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y se extendió a todo el país. El decreto que prohibe nombrar a Perón o la operación clandestina que arrebata el cadáver de su esposa, lo mutila y lo saca del país, son expresiones de un odio al que no escapan ni los objetos inanimados, sábanas y cubiertos de la Fundación incinerados y fundidos porque llevan estampado ese nombre que se concibe como demoníaco. Toda una obra social se destruye, se llega a cegar piscinas populares que evocan el "hecho maldito", el humanismo liberal retrocede a fondos medievales: pocas veces se ha visto aquí ese odio, pocas veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales.
Pero si este género de violencia pone al descubierto la verdadera sociedad argentina, fatalmente escindida, otra violencia menos espectacular y más perniciosa se instala en el país con Aramburu. Su gobierno modela la segunda década infame, aparecen los Alsogaray, los Krieger, los Verrier que van a anudar prolijamente los lazos de la dependencia desatados durante el gobierno de Perón. La República Argentina, uno de los países con más baja inversión extranjera (5% del total invertido), que apenas remesaba anualmente al extranjero un dólar por habitante, empieza a gestionar esos préstamos que sólo benefician al prestamista, a adquirir etiquetas de colores con el nombre de tecnologías, a radicar capitales extranjeros formados con el ahorro nacional y a acumular esa deuda que hoy grava el 25% de nuestras exportaciones. Un solo decreto, el 13.125, despoja al país de 2 mil millones de dólares en depósitos bancarios nacionalizados y los pone a disposición de la banca internacional que ahora podrá controlar el crédito, estrangular a la pequeña industria y preparar el ingreso masivo de los grandes monopolios.
Quince años después será posible hacer el balance de esa política: un país dependiente y estancado, una clase obrera sumergida, una rebeldía que estalla por todas partes. Esa rebeldía alcanza finalmente a Aramburu, lo enfrenta con sus actos, paraliza la mano que firmaba empréstitos, proscripciones y fusilamientos.

Rodolfo Walsh

Los "fusilados" en sede militar

Por una confusión con los dos de apellido Irigoyen, Walsh registra 27, pero son 28. Los fusilamientos fueron en la Unidad Regional de Lanús, en el Regimiento 7 de La Plata y en el Bosque, en Campo de Mayo, en el Regimiento 2 de Palermo y, el general Valle, en el Penal de Las Heras: General de división Juan José Valle; Coroneles Ricardo Santiago Ibazeta, Alcibiades Eduardo Cortínez y José Albino Irigoyen; Teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno; Capitanes Eloy Luis Caro, Dardo Nestor Cano y Jorge Miguel Costa-les; Tenientes 1º Jorge Leopoldo Noriega y Néstor Marcelo Videla; Subteniente Alberto Juan Abadie; Suboficiales principales Miguel Ángel Paolini y Ernesto Gareca; Sargentos ayudantes Isauro Costa y Luis Pugnetti; Sargentos Hugo Eladio Quiroga y Luis Bagnetti; Cabos Miguel José Rodríguez y Luciano Isaías Rojas; ciudadanos Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Os-valdo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofre, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla y Carlos Irigoyen.